A dos años de la muerte del concejal del municipio Libertador (Caracas) Fernando Albán, hay razones para creer que el dirigente político, militante de Primero Justicia, no se suicidó como argumentó el régimen de Nicolás Maduro, sino que fue asesinado por sus custodios.

Un reciente informe de Naciones Unidas encontró que hay motivos razonables parar desestimar la tesis del suicidio en el caso de Albán. Igualmente, justo a dos años del hecho, el Tribunal 29 en funciones de juicio del Área Metropolitana de Caracas decretó la nulidad absoluta del acto conclusivo de acusación interpuesto por el Ministerio Público, lo que dejaría en libertad a los dos funcionarios del Sebin acusados por su muerte y supone el reinicio del caso. 

La muerte de Albán se produjo tres días después de haber sido detenido arbitrariamente en el aeropuerto de Maiquetía, por estar presuntamente implicado en el atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018.

Voceros de la oposición venezolana han insisitido desde siempre que se trató de un asesinato. Las autoridades, por su lado, han asegurado que fue un suicidio, incluso antes de que se iniciara una investigación. El fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó a pocos minutos del hecho que Albán había solicitado ir al baño y en el trayecto se lanzó por una ventana del piso 10 del edificio del Sebin (policía política), ubicado en Plaza Venezuela.

Minutos más tarde, el ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz, Néstor Reverol, informaba que mientras se encontraba en la sala de espera para su traslado a los tribunales, saltó por una ventana cayendo al vacío.

Las extrañas circunstancias en las que ocurrieron los hechos llevaron a sus familiares y abogados a elevar la denuncia hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

El régimen de Maduro ha sido poco transparente o no ha ofrecido respuestas a familiares y representantes legales sobre el caso de la muerte de Albán. Tampoco las dio a la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, de la Organización de Naciones Unidas, que presentó un informe contundente –el 16 de septiembre de 2020– sobre las violaciones de los derechos humanos y la responsabilidad de autoridades venezolanas en posibles crímenes de lesa humanidad.

La ONU le da poco crédito a la tesis del suicidio

El caso de Fernando Albán fue uno de los 223 investigados por la Misión que concluyó que hay motivos razonables para creer que se cometieron arrestos y detenciones arbitrarias contra Fernando Albán, además de que su muerte se produjo bajo la custodia de las autoridades del Sebin, lo que también implica una presunción de responsabilidad del Estado.

"Sobre la base de la investigación realizada en el caso, la Misión tiene fuertes reservas acerca de la calificación de suicidio en relación con la muerte del Sr. Albán y tiene motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida", concluye el informe.

A mediados de agosto de 2018 Albán viajó a Nueva York (Estados Unidos), donde visitó a su familia y a Julio Borges, líder de Primero Justicia y participó en eventos paralelos organizados en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2018.

A su regreso a Venezuela el 5 de octubre, fue detenido sin orden judicial por funcionarios del Sebin, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, lo que pudo informar a un familiar a través de un mensaje de texto, detalle el informe de la ONU.

Al día siguiente, la familia de Albán presentó una denuncia formal de desaparición forzada ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales. 

"Más de 24 horas después de su arresto, el Sr. Albán fue autorizado a hacer una llamada telefónica a su esposa Meudy de Osio. El Sr. Albán le informó que estaba detenido en el décimo piso del edificio del Sebin en Plaza Venezuela, donde se encuentra la sección de contrainteligencia. Dijo que no había sido maltratado, pero que estaba bajo mucha presión para incriminar al diputado de la Asamblea Nacional Julio Borges, quien había sido acusado unos meses antes de estar involucrado en el atentado con drones contra el presidente Maduro el 4 de agosto de 2018", se lee en el documento del organismo multinacional.

Entre otras irregularidades encontradas por la Misión integrada por Marta Valiñas, de Portugal; Paul Seils del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francisco Cox, de Chile, está que:

• "el Sexto Tribunal permitió al Sr. Albán nombrar su equipo de defensa, pero negó a los abogados el acceso al expediente del caso. El equipo pudo revisar una orden de aprehensión que hasta entonces no había sido presentada al Sr. Albán. La orden número 1CTS-006-18, de fecha 4 de octubre de 2018, había sido emitida por la Jueza Carol Padilla del Tribunal de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo. La orden no proporcionaba los elementos probatorios requeridos para justificar la detención según el Código Procesal Penal. El Sr. Albán estaba acusado de terrorismo, intento de asesinato del Presidente y del alto mando militar, traición y asociación para delinquir", se lee en el documento del organismo multinacional.
• También se pudo determinar que tras la emisión en la medicatura forense de un certificado de defunción que colocaba como causa de muerte "traumatismo cráneo encefálico severo; shock hipovolémico secundario; traumatismo toraco abdominal pélvico por caída de altura", al día siguiente, un nuevo certificado, firmado por otro médico, daba cuenta de "traumatismo craneofacial grave".
• La investigación de Misión internacional encontró que el primer médico estaba registrado como médico integral comunitario y no parecía tener experiencia en patología anatómica, en contravención del Código Procesal Penal, mientras que el segundo médico se identificó en el certificado de defunción con un número de cédula de identidad que, según el sitio web del Consejo Nacional Electoral, corresponde a otra persona.
• Los miembros de la Misión entrevistaron a expertos forenses que dieron cuenta de las irregularidades con la que se levantó la autopsia de Fernando Albán. El 4 de diciembre de 2018, el equipo jurídico presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad; desaparición forzada; encubrimiento de desaparición forzada; torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; homicidio calificado (ejecución extrajudicial); encubrimiento de todos los delitos anteriores; y asociación para delinquir. Solicitaron la exhumación del cadáver para que sea realizara una autopsia conforme a los Protocolos de Minnesota y Estambul1302, también pidieron la recusación del Fiscal General del caso, relata el informe.
• Otros hechos que hacen dudar de la seriedad (imparcialidad) de la investigación de la muerte de Albán, abierta el mismo 8 de octubre, es que "dos de los fiscales asignados para supervisar la averiguación y ayudar en la autopsia eran los fiscales del caso del atentado con drones, caso donde el Sr. Albán estaba siendo investigado al momento de su muerte".
• "El 4 de enero de 2019, el fiscal provisorio de la Fiscalía 59º con Competencia Nacional presentó el escrito de acusación contra dos funcionarios del Sebin, a los que se acusó de quebramiento de las obligaciones de custodia. La Misión entiende que este delito suele aplicarse en los casos de fuga de detenidos".
• "El Tribunal Trigésimo Primero del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas no permitió que los abogados del Sr. Albán participaran en el proceso contra los funcionarios del Sebin  a pesar de sus solicitudes de unirse como partes en el caso. El 2 de septiembre de 2019, la fiscalía presentó la acusación formal por presuntamente quebrantar las obligaciones de custodia. La Misión no ha podido establecer cuál fue el veredicto en el caso"

El caso se reinicia

El día que se cumplen dos años de la muerte de Albán, el Tribunal 29 en funciones de juicio del Área Metropolitana de Caracas decretó la nulidad absoluta del acto conclusivo de acusación interpuesto por el Ministerio Público, por una supuesta violación a un artículo de la Constitución.

Esta decisión dejaría en libertad a los dos funcionarios del Sebin acusados por su muerte, bajo el presunto delito de «quebrantamiento de obligaciones de custodia», como lo reseño el portal Tal Cual.

Según el juzgado, cuya decisión fue publicada en las redes del Tribunal Supremo de Justicia, se incurrió en la violación del artículo 49.1 de la Constitución, que habla sobre el debido proceso y el derecho a que toda persona a defensa y asistencia jurídica, así como el derecho «a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso».

Con esta decisión se reinicia la investigación del hecho y se deja en libertad a los dos funcionarios del Sebin, Miguel Do Santos Rodríguez y Keiberth Cibelli Moreno.

Conclusión

Estos hechos y otros descritos en el informe detallado de la Misión de Determinación de los Hechos, sobre el caso Albán, permitien concluir a los expertos que existen fuertes reservas acerca de la calificación de suicidio en relación con la muerte del dirigente de Primero Justicia y tiene motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida.