Mientras el equipo de EsPaja transitaba por la ciudad se topó con una valla en la Autopista Francisco Fajardo, ahora Cacique Guaicaipuro, en sentido La Trinidad-Centro, la cual afirma que las sanciones del gobierno de Estados Unidos impuestas en junio de 2017 impiden la importación de insulina.
Las sanciones financieras de 2017 llegaron dos meses después de la fecha que indica la valla: el 25 de agosto de ese año. El expresidente Donald Trump emitió la orden ejecutiva 13808, con la que prohibió realizar transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento a cualquiera de sus órganos o entes, incluida la empresa Pdvsa, por lo que se impidieron nuevas emisiones de deuda o bonos, negociar bonos existentes o la venta de activos en EEUU.
Sin embargo, el deterioro de las condiciones de vida, particularmente del sector salud, se produjo mucho antes de que se promulgara la medida.
La Federación Farmacéutica de Venezuela denunciaba en 2014, antes de las sanciones, que la escasez de medicinas llegaba al 60%. Para 2016, un año antes de las sanciones financieras, el desabastecimiento de fármacos superaba el 80%, con el agravante de que unos 150 medicamentos de alta rotación, necesarios para atender enfermedades crónicas, estaban prácticamente desaparecidos del mercado, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de la Salud.
Si nos enfocamos en los medicamentos de insulina, ya en 2014 era noticia que la escasez de fármacos era especialmente grave para el tratamiento de enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes, debido a que el gobierno venezolano debía unos 4.000 millones de dólares a los suministradores internacionales de fármacos.
En 2015, dos años antes de las sanciones financieras, la situación no mejoró para los pacientes diabéticos, quienes debían recurrir a las redes sociales para ver si daban con su tratamiento. En 2016, un año antes de la medida, Human Rights Watch reportó la escasez de insulina en el informe “Crisis humanitaria en Venezuela: La inadecuada y represiva respuesta del gobierno ante la grave escasez de medicinas, insumos y alimentos”.
Igualmente, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional denunció ese año que la administración de Nicolás Maduro, para mantener las apariencias, se negaba a acceder al Fondo Rotatorio-Estratégico de Medicinas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual brinda medicamentos subsidiados para atender situaciones de emergencia.
El gobierno eventualmente tuvo que recurrir a otros mercados, como el ruso, para comprar insulina. Incluso estaba previsto que durante el período 2021-2026, Venezuela fabricaría sus propios medicamentos de insulina con el apoyo de la empresa rusa de biotecnología Geropharm, según los convenios firmados entre ambos países. Pero la supuesta fábrica aún no se ha construido.
Por otro lado, la Casa Blanca emitió en 2019 la licencia 4C, la cual autoriza transacciones con el gobierno de Venezuela relacionadas con la exportación o reexportación desde Estados Unidos de insumos para la agricultura; material y equipos médicos; repuestos y componentes de equipos médicos o actualizaciones de software de equipos médicos en Venezuela, incluyendo operaciones que realicen ciudadanos de terceros países para revender esos insumos en el país.
Aun así, en octubre de 2023, la escasez de medicamentos para la diabetes en Venezuela fue del 36,4% en octubre, 1,8 puntos más que en septiembre, cuando se situó en el 34,6%, según un monitoreo realizado por la ONG Convite en Caracas.
El cuento de no acabar del "bloqueo económico"
Uno de los argumentos recurrentes de la administración de Nicolás Maduro para justificar la crisis es el supuesto "bloqueo económico", bajo la lógica de que si las sanciones afectan la producción petrolera, siendo Pdvsa el principal proveedor de divisas del Estado, entonces no hay dinero para la importación de bienes. Pero diversos estudios afirman que las medidas de EEUU profundizaron una crisis ya establecida.
Según el trabajo "Impacto de las sanciones de 2017 en Venezuela. Revisando las pruebas" (2019), publicado por el Instituto Brookings, centro de investigación sin fines de lucro, las sanciones financieras impuestas en agosto de 2017 no explican la caída de las importaciones:
"Las tendencias que mostraban los indicadores socioeconómicos antes de las sanciones son bastante sorprendentes. Por ejemplo, en 2016 —el año anterior a la imposición de las sanciones— las importaciones de alimentos en el país habían caído un 71% desde su máximo de 2013. Las importaciones de medicamentos y equipos médicos cayeron un 68 % entre 2013 y 2016. La mortalidad infantil, un buen indicador de la calidad de los servicios de salud pública, creció un 44 % entre 2013 y 2016 y ha seguido haciéndolo desde entonces", indica el estudio.
También el economista Luis Oliveros señala en el informe "Impacto de las sanciones financieras y petroleras en la economía venezolana", publicado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en 2019, que ya Venezuela atravesaba para 2017 una de las más severas crisis económica en la historia de Latinoamérica. El PIB cayó 16,6% con respecto al año anterior, la producción petrolera también en pique (40% menos que la producción de 1998 y 22% menos que en marzo 2013), el inicio de la hiperinflación era inminente y el PIB petrolero era similar al de 1990.
Resultado
1.- Es falso que las sanciones hayan sido impuestas en junio de 2017. La fecha real de la imposición de sanciones por parte de EEUU, durante ese año, corresponde al 25 de agosto.
2.- La licencia 4C, emitida por la Casa Blanca en 2019, autoriza ciertas transacciones para la exportación de medicamentos y dispositivos médicos a Venezuela o a personas en terceros países que los adquieran para reventa a Venezuela.
3.- En años anteriores a las sanciones (2014, 2015 y 2016), la escasez de tratamientos para enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes, ya era una realidad, reportada tanto por medios de comunicación como por organismos internacionales.
