El tan ansiado aumento salarial no llegó con los anuncios presidenciales del 1° de Mayo, Día del Trabajador. Nicolás Maduro informó de un alza en el monto de bonos complementarios y dejó intacto el salario mínimo en 130 bolívares, una vez más como ocurre desde 2023.

En esta oportunidad, en su discurso desde la Plaza Bicentenaria del Palacio de Miraflores, Maduro ni siquiera mencionó el salario mínimo. Ingreso mínimo integral es desde hace dos años la fórmula escogida por el Ejecutivo para mejorar los ingresos de los trabajadores sin que el aumento tenga incidencia en el cálculo de vacaciones y prestaciones sociales, evitando incrementar el pasivo laboral del Estado, así como cumplir sus obligaciones con los trabajadores.

"He decidido subir el ingreso mínimo integral de los trabajadores a $130, el mínimo, y que impacte crecientemente en la capacidad de los trabajadores.¡Indexado!", dijo.

Declaración desde el segundo 39 hasta el 55

El mandatario nacional informó de un aumento del ingreso mínimo integral a $130 –desde los $100 aprobados en enero de 2024. Sin embargo, esta referencia aplica para los empleados de la administración pública, principalmente, ya que el sector privado, en general, paga un mínimo por encima del oficial.

Maduro no precisó por cuál concepto se otorgarían esos 30 dólares que aumenta a partir del 1 de mayo. Como ha venido ocurriendo desde 2019, Francisco Torrealba, diputado a la Asamblea Nacional, salió a "aclarar" la situación.

Este vacío que se produce desde el momento en que Maduro ofrece la información, alguien sale a dar alguna pista de lo que representa –si es que lo hay- y la fecha en la que debe hacerse efectiva la medida, crea espacios de incertidumbre y confusión y le abren la puerta a la desinformación. No en vano en los últimos tiempos se escucha decir en las empresas privadas "hay que esperar a ver lo que dice la Gaceta Oficial".

De acuerdo a lo notificado por el jefe de Estado este 1° de Mayo, si el aumento de $30 es en el bono de guerra que solo reciben los empleados de la administración pública, los trabajadores del sector privado no tienen nada que esperar. O por lo menos derivado del anuncio oficial.

El Estado, el mayor empleador del país, no ha detallado al 3 de mayo –ni a través de voceros ni en Gaceta Oficial- cómo aplicará el incremento para sus jubilados y los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o a través de la Misión Amor Mayor, que reciben montos diferentes por concepto de bono de guerra económica. En el caso de los pensionados, solo perciben el bono de guerra económica si están registrados en el Sistema Patria, un mecanismo de control social del gobierno de Nicolás Maduro.

Desde que el salario mínimo, cuya función es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dejó de ser en Venezuela la referencia legal, el gobierno ha contribuido a generar distorsiones en el sistema de remuneraciones. 

Los anuncios en materia laboral de los últimos años han creado incertidumbre y confusión en la población. No solo entre los trabajadores, sino en los empresarios. La bonificación del salario –condenada por el presidente Hugo Chávez- a la que ha recurrido el gobierno de Maduro, además de socavar los derechos adquiridos por los trabajadores, crea un limbo  entre el momento del anuncio y la publicación de la medida en Gaceta Oficial, cuando ello ocurre, ya que puede publicarse a destiempo.

Además, los anuncios no siempre van en sintonía con lo que termina publicándose en Gaceta Oficial. Ejemplo de esto es el monto del bono de alimentación fijado en $40 en mayo de 2023. Se habló de llevar el cesta ticket a $40, pero en el decreto 4.805 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.746 se estableció en Bs 1.000, que para esa fecha equivalía a $40. 

En enero de 2024, el gobierno aumentó el bono de guerra económica a $60 y mantuvo el de alimentación en $40 y se informó que sería indexado a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). Francisco Torrealba, para entonces ministro del Trabajo, grabó un video en su despacho explicando los anuncios de Maduro –este último se enredó al hacerlo– y señalando que tanto el sector público como privado debían pagar el cesta ticket indexado. Llamó a los empresarios a no hacerse los locos y no esperar por la Gaceta Oficial, para indexar el pago de ese bono.

Al 3 de mayo, fecha de publicación de esta nota, aún no ha salido una Gaceta Oficial con esa medida vociferada en enero, por lo que muchos empresarios y condominios se rigen aún por la decisión oficial de mayo de 2023, en la que se establece el monto de Bs 1.000. 

Como el bono de guerra económica es discrecional, pues el sector privado está excluido y los montos son variables dependiendo de si son trabajadores activos, jubilados o pensionados, es probable que no haya un decreto que rija la medida, por cuanto su cumplimiento queda en manos del gobierno, tal como sucedió con los anuncios de enero de 2024.

Sin un incremento en el salario mínimo, no habría una exigencia legal para que el ajuste en los bonos se publique en Gaceta, ya que en esta ocasión el aumento no es para todos los trabajadores del país, sino para la administración pública y pensionados, erogaciones que dependen del Estado.

Consultada por EsPaja sobre el tema, Maryolga Girán, abogada laboralista, dijo: "en teoría, cualquier norma jurídica, sea ley, decreto o reglamento, solo entra en vigencia a partir de su publicación en la GO. Eso dice la Constitución. A partir de su publicación se presume conocida por todos, y es de inmediato y obligatorio cumplimiento. Pero en los últimos años las normas de derecho laboral fundamentalmente, son publicadas en X (antes Twitter) por Francisco Torrealba, o en un programa de radio o TV, o en un anuncio del propio Presidente en cadena nacional".

El salario mínimo está ausente del discurso gubernamental desde marzo de 2022, cuando se realizó el último ajuste. Pero el llamado ingreso mínimo, al que después se le sumó la palabra integral, ha sido parte de la retórica de Maduro desde 2019. Ha construido un discurso sobre mejoras de ingresos basado en bonos que no todos reciben por igual y que no tienen incidencia en el cálculo de vacaciones, aguinaldos/utilidades y prestaciones sociales.

Maduro se vale de la neolengua para dar nombres a los ajustes en los ingresos totales de los trabajadores, dejando por fuera la obligación legal que tiene de ajustar el salario mínimo.

Con esta política, el gobierno trata de dar una imagen efectista de aumentos en otros ingresos –que resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia–, y que en la práctica representa la eliminación de la figura del salario y de los beneficios de seguridad social establecidos en la normativa constitucional y laboral vigente.

El salario mínimo de Bs 130, equivalente a 3,5 dólares, perdió su razón de ser en la Venezuela de hoy. El gobierno de Maduro lo desapareció hasta del discurso público.