¿Cuál fue el monto en dólares sustraído de las arcas públicas como consecuencia de la llamada "trama Pdvsa-Cripto"? ¿Qué controles administrativos fallaron? ¿Qué acciones se impulsan para evitar que estos casos de gran corrupción vuelvan a ocurrir? ¿Por qué la detención de Tareck El Aissami se demoró un año? Son preguntas que desde marzo de 2023 han  formulado la organización Transparencia Venezuela, el abogado portugués José Santos Pais (experto de la ONU) o medios como El Pitazo, y que siguen sin respuesta en abril de 2024.

Mientras tanto, desde el oficialismo se insiste en una matriz de opinión que no es nueva, y que podríamos resumir así: en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha habido corrupción, pero se castiga y hay presos. Durante los cuarenta años previos solo hubo un preso por corrupción, el llamado "Chino de Recadi".

Ante la insistencia, definitivamente podemos descartar que se trate de una frase retórica. En marzo de 2023, ya verificamos en EsPaja.com una frase de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional: "Corrijo, perdón, cometí un error de cálculo (...), pido disculpas, sí hay un preso (por corrupción) en la Cuarta República, el chinito de Recadi, uno, uno solo, un preso, el chinito de Recadi".

La nueva declaración de Rodríguez ante la AN, más de un año después (sesión del 30 de abril de 2024), es más extensa y podríamos decir que "intensa":

"En 40 años, desde 1959 hasta 1999, en ese período histórico que se ha dado en llamar la Cuarta República, y que coloquialmente fue conocido como el periodo y los gobiernos de la guanábana, recientemente reeditada con el pacto firmado entre los partidos AD y Copei, ¿se acuerdan de la guanábana verde por fuera y blanca por dentro? ¿Cuántos presos por corrupción hubo? Uno. Uno. Un pobre chinito, uno en 40 años".

"Bajo el criterio de algunos fariseos entonces la Cuarta República fue el período más impoluto de la historia republicana no hubo ni un solo ladrón, no hubo ni un solo hecho de corrupción, porque solamente hubo un preso. Todos sabemos que por supuesto eso es falso. Todos sabemos que desde el primer momento en esos gobiernos se instaló la más espantosa corrupción que haya conocido la historia republicana".

"Hasta el queso que había en la mesa también se lo comió la guanábana, que se robaron y que robaron con el barco de Sierra Nevada, que se robaron y robaron con los aviones F-16, que robaron con todos los supuestos programas sociales que brillaron por su ausencia, que acabaron con las prestaciones de los trabajadores, que acabaron con el salario de los trabajadores y las trabajadoras, que se entregaron como unos arrastrados a los designios de los gobiernos de los Estados Unidos de América, que instalaron una misión militar norteamericana en nuestro Fuerte Tiuna, mancillando el honor de la Fuerza Armada venezolana, y ni un solo preso por corrupción".

"Convirtieron a la corrupción en su ser natural, en su estado natural. Contaminaron cada una de las instancias de la administración pública, de los poderes públicos y se alejaron por completo de cualquier tipo de relación con el pueblo de Venezuela, con el pueblo sufriente de Venezuela".

Pero no fue el único que recordó al "Chino de Recadi" en menos de 48 horas. Tarek William Saab, en su comparecencia pública del lunes 29 de abril (sobre presuntos vínculos entre líderes opositores y la trama de corrupción de Tareck El Aissami), también hizo comparaciones entre la "Cuarta" y la "Quinta", con un matiz: dijo que el del "Chino" es el único caso que se "recuerda" del período político 1959-1999, aunque no quedan claros los criterios para establecer esta especie de memoria colectiva, más allá de los casos judiciales concretos:

"Comparándolo con la Cuarta República, durante los años 60, 70, 80, 90, yo pregunto y quiero que me muestren pruebas reales: ¿cuántas tramas de corrupción que pudieron haber ocurrido en esa época fueron presentadas por el Ministerio Público de cualquiera de esos fiscales generales y de los tribunales penales y de la llamada en aquel momento Corte Suprema de Justicia y sus tribunales penales ordinarios. La única que la gente recuerda es la del chino de Recadi, no recuerda más otra. Esa fue la trama que supuestamente develaron: el chinito de Recadi".

En el post del Ministerio Público correspondiente a la declaración (29/04/2024), se eliminaron todos los matices: no hubo más detenidos en 40 años por corrupción, solo el "Chino de Recadi".

La gráfica reúne los instantes exactos de las grabaciones en que Rodríguez (martes 30) y Saab (lunes 29) recuperaron el recuerdo del "Chino de Recadi"

Ho Fuk Wing no fue el único preso por corrupción en 40 años

El Régimen de Cambio Diferencial (Recadi) fue un sistema de control cambiario similar a Cadivi y que permitió acceso a dólares a precio preferencial entre 1983 y 1989, luego de la drástica devaluación del viernes negro. Ho Fuk Wing, empresario de origen chino y naturalizado venezolano, estuvo preso entre junio de 1989 y octubre de 1992 por el delito de malversación relacionada con Cadivi (se le sentenció en el mismo 1992, aunque ya para entonces había cumplido parte de la condena.

Debe acotarse que no hubo un "chino de Recadi", sino dos: contra Ho Fuk Shum también se dictó la figura jurídica que entonces se conocía como auto de detención (antes de la entrada en vigencia del COPP en 1999). Sin embargo, no hemos conseguido información acerca de que Ho Fuk Shumn haya sido capturado o que haya estado en prisión. Sobre Cadivi, el "Recadi del siglo XXI", por cierto, siguen quedando numerosas preguntas por responder, según la ONG Acceso a la Justicia. 

Rodríguez y Saab omiten un hecho fundamental: entre 1959 y 1999, hubo incluso un Presidente de la República que fue separado de su cargo por los delitos de «peculado doloso» y «malversación». Carlos Andrés Pérez no completó su segundo gobierno (1989-1993), bajo la acusación de haber desviado unos 17 millones de dólares para apoyar al gobierno de la presidenta nicaragüense Violeta Chamorro. Según las investigaciones de Transparencia Venezuela, lo comprometido en la "trama Pdvsa-Cripto" podría ascender a casi 17 millardos de dólares, es decir, un monto mil veces superior.

Pérez fue arrestado en mayo de 1994 y llegó a estar preso brevemente en el Retén Judicial de El Junquito, pero debido a su edad (más de 70 años), se le concedió el arresto domiciliario, contemplado en la ley. En 1996 se le dictó sentencia: dos años y cuatro meses de prisión. Todo esto ocurrió antes de que Hugo Chávez llegara al poder. Ya con este único y emblemático caso, el dúo Rodríguez/Saab incurre en desinformación.

En la "IV Cuarta República" se creó una cárcel para corruptos y violadores de DDHH

"Por supuesto que eso no es cierto, eso es absolutamente absurdo (lo afirmado por Rodríguez y Saab), indicó a EsPaja.com por mensaje de voz (02/05/2024) un exfuncionario del Ministerio Público, Zair Mundaray, que ingresó a ese organismo en 1998. "De hecho la la cárcel del Junquito se crea para especializarse prácticamente en (la reclusión de) funcionarios por violaciones de Derechos Humanos y funcionarios públicos por corrupción. Decenas de funcionarios, a veces no era tan rimbombante el tema, pero funcionarios directores de organismos, etcétera, así que casos había por montones».

Sin embargo, Mundaray advierte de que se trataba de un sistema penal muy distinto al actual:

"Están apuntando mal (al comparar lo ocurrido antes de 1999 con lo actual). Recuerden que antes de 1999 la instrucción y la decisión de iniciar la investigación de un expediente provenía del Poder Judicial. No estaba en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), entonces el fiscal empezaba a conocer (de un caso) luego del auto de proceder de un juez, es decir, el fiscal no tenía la decisión ni de investigar ni de solicitar la detención. Lo hacía oficiosamente un juez bajo el sistema inquisitivo (...). Los fiscales se involucraban con el caso cuando ya había autos de proceder de los jueces, quienes eran los que no solo ordenaban la instrucción a la Policía Técnica Judicial (actual Cicpc), sino que ya habían dictado decisiones de detención, etcétera, y el fiscal se involucraba para el momento en que se fueran a elaborar los cargos. Es decir en un momento muy ulterior del proceso".

¿A qué llamamos corrupción? ¿Se conocen otras sentencias entre 1959 y 1999?

La legislación venezolana ha cambiado entre la actualidad y la época estudiada (1959-1999), pero la corrupción puede ser definida de manera genérica como "práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de organizaciones (especialmente las públicas) en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores", según la Real Academia Española.

El Código Penal de Venezuela se refiere vagamente a la "corrupción de funcionarios" (artículos 198 a 203), pero no hay un único delito de corrupción en Venezuela, sino un árbol: peculado doloso propio o impropio; peculado culposo; peculado de uso; malversación genérica, agravada o específica; evasión de procedimiento licitatorio; concusión; corrupción propia o impropia; inducción a la corrupción; enriquecimiento ilícito; aprovechamiento fraudulento de fondos y tráfico de influencias, entre otros (fuente y explicación de cada uno: Venelogía).

Aparte del mal llamado "Chino de Recadi" y Carlos Andrés Pérez, hubo otros ejemplos de personas que cumplieron condenas por delitos de corrupción entre 1959 y 1999 (escapa a nuestro alcance determinar si las penas fueron justas o injustas, o si los casos estuvieron "contaminados" por motivaciones políticas). Y hablamos solo de funcionarios de alto rango:

• José Ángel Ciliberto: ejerció como ministro del Interior durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989). Se le condenó a un año de prisión en 1994 bajo los cargos de peculado y desfalco de los fondos del Ministerio (fuente: archivo de El País de España), por un caso de 65 jeeps entregados a militantes de AD durante la campaña electoral de 1988. Según el archivo de El Tiempo de Colombia, cumplió una breve pena domiciliaria en Caracas.
• Eleazar Pinto Baquero: presidente del Banco de los Trabajadores de Venezuela, una institución de capital mixto, según la cronología histórica de Venezuela de la Fundación Empresas Polar. Se le detuvo en 1984, durante el gobierno de Jaime Lusinchi, por el delito de estafa agravada en perjuicio del BTV por unos terrenos en el estado Anzoátegui. Fue condenado a tres años de prisión en 1985, según el libro Algo más que un banco de la historiadora Margarita López Maya (1989). Una sentencia posterior del TSJ (2008) documenta que Pinto Baquero quedó con deudas pendientes que debía reponer al Estado. 
• Nerio Neri Mago: presidente de Cantv durante el gobierno de Luis Herrera, en la primera etapa de la empresa de telecomunicaciones como activo totalmente estatal (1973-1991). Condenado por el delito de apropiación indebida de recursos públicos, según una reseña de la desaparecida revista Exceso en 1994, pero solo estuvo en prisión por menos de un mes, ya que su equipo de defensores alegó motivos de salud. Su caso también fue citado por The New York Times (artículo de archivo, 1985).  
• Enrique Barreto Leiva: ocupó un cargo de director general en el ministerio de Secretaría de la Presidencia durante el segundo gobierno de Pérez. Se le condenó a un año y dos meses de prisión en 1996, también por malversación genérica agravada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que en su caso tampoco se cumplió el debido proceso (documentación).

Dos ejemplos de condenados en ausencia

En rigor no estuvieron "presos", porque se encontraban fuera del país, pero sí recibieron sentencia condenatoria:

• En 1994, por el mismo caso de los jeeps, Blanca Ibáñez, ya entonces esposa en las segundas nupcias del expresidente Jaime Lusinchi. Específicamente, condenada a un año de cárcel por complicidad en el uso ilegal de fondos reservados (fuente: El País). Pero la exsecretaria privada de Lusinchi se encontraba entonces exiliada en Costa Rica.
• Reinaldo Figueredo Planchart: ministro de Relaciones Exteriores de Carlos Andrés Pérez. Condenado en 1996 a dos años y cuatro meses de prisión por malversación genérica agravada, pero debe aclararse que estaba fuera del país desde 1994, indica un documento de la Human Rights Library de la Universidad de Minnesota. El TSJ dictó la prescripción de su pena en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimó que en su caso se violó el derecho al debido proceso.

Recluidos, pero sin sentencia firme

Un caso particular es el de un "peso pesado"  la memoria histórica del siglo pasado: Vinicio Carrera Arismendi, ministro de Transporte durante el período de Luis Herrera (1979-1984) y fallecido en 2021. En 1984, se le impuso un auto detención por los delitos de peculado, presunta estafa agravada, hurto agravado y apropiación indebida calificada, entre otros. Registros de la época citan dos casos de irregularidades: en la construcción de una carretera (Chuspa-Osma) y en la adquisición de aviones para las Fuerzas Armadas (fuente: Fundación Empresas Polar).

Efectivamente permaneció detenido durante 42 días, según un archivo de prensa de la época que permanece en el portal Informe25.com. Se le dictó un habeas corpus (medida de protección), salió de la cárcel y escapó del país. No conseguimos evidencia de que Carrera finalmente haya recibido una sentencia condenatoria. En 1989, el recién creado Tribunal Superior de Salvaguarda le absolvió de todos los cargos, según el libro Recadi: la gran estafa (1990), de Agustín Beroes, que tiene una versión online.

Claudio Fermín, actual candidato presidencial, llegó a estar 40 días recluido en el ya citado retén de El Junquito en 1993, bajo la acusación de malversación de fondos por la remodelación de unas aceras en su gestión como alcalde del municipio Libertador (1990-1993). Pero la causa le fue sobreseída: no hubo condena firme en su contra. 

Francisco Pérez Rodríguez, hermano de CAP, no era funcionario público, sino directivo del desaparecido del Banco Latino. Sin embargo, se le acusó de un delito de corrupción durante la gran crisis bancaria de 1994 (aprovechamiento fraudulento de fondos públicos) y, según reportes de prensa, sabemos que estuvo detenido. Pero el TSJ le absolvió de toda responsabilidad en una sentencia de 2005. Sobre esta crisis bancaria hubo cuestionamientos de impunidad, pero no solo sobre la justicia de la "Cuarta", sino ya en tiempos de la "Quinta".   

¿Qué fue el caso Sierra Nevada?

¿Y el caso Sierra Nevada, al que aludió Jorge Rodríguez este 30 de abril de 2024? El Sierra Nevada fue un barco de refrigeración adquirido por el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) por unos 22 millones de dólares con presunto sobreprecio, según documentó la revista Exceso.

No debe confundirse, como habitualmente ocurre, con el "Libertador Bolívar", otro buque célebre: el que Pérez donó a Bolivia a pesar de tratarse de un país sin salida al mar (se trató de un gesto de apoyo geopolítico a las reivindicaciones territoriales del país andino). 

Por el Sierra Nevada, en 1980, el Congreso (cámara baja del Poder Legislativo) determinó que Pérez tenía responsabilidad política (132 votos, contra 102), pero no administrativa (115 votos contra 113). Paralelamente, hubo uno investigación abierta por el Ministerio Público. También según Exceso, el caso se cerró en 1983 sin que se determinaran responsabilidades judiciales.