Cada vez que el fallo final parece estar cerca surgen elementos que demoran la sentencia de la justicia británica. Esta ha sido la historia de los últimos tres años de parte de las reservas de oro venezolanas que permanecen en custodia –y retenidas desde mediados de 2019– del Banco de Inglaterra, tras el reconocimiento del Reino Unido de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, luego que la Asamblea Nacional –de mayoría opositora– desconociera en enero de 2019 a Nicolás Maduro como mandatario nacional por haberse reelecto en un proceso considerado fraudulento.

Son 31 toneladas de oro, de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela, que están depositadas en el Banco de Inglaterra y cuya gestión se pelean Maduro y Guaidó. El 29 de julio, la jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres, desestimó las sentencias del TSJ que anularon los nombramientos de Guaidó a su junta ad hoc del BCV y al cargo de procurador especial, ocupado por Enrique José Sánchez Falcón, presentadas ante la Corte por la instancia venezolana para reducir la injerencia de Guaidó sobre los activos de la nación.

Si bien la sentencia es en contra de la administración de Maduro, no implica que Guaidó pueda disponer del oro resguardado en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Esto deberá resolverse en otra audiencia.

De acuerdo con BBC News, "Cockerill dijo que había 'evidencia clara' de que el TSJ estaba formado por jueces que apoyaban a Maduro y que sus decisiones no eran reconocidas bajo la ley británica".

El 18 de julio terminó la audiencia que duró cuatro días y que dio como resultado el fallo dado a conocer el viernes 29 de julio.

El mismo 29 de julio el BCV rechazó en un comunicado el pronunciamiento considerando –entre otros puntos– que "la política exterior británica ocasione graves daños a los derechos e intereses de ciudadanos, de las instituciones y de otros estados". Y anunció su intención de recurrir el dictamen, "para lo cual tendría que pedir permiso este mes de agosto, tras lo cual la magistrada daría su opinión en septiembre", señaló la agencia Efe.

"Se espera además que haya una vista adicional en septiembre u octubre para cerrar otros aspectos del caso, incluido si puede concederse a la junta de Guaidó la orden que ha solicitado para gestionar los activos venezolanos depositados en Inglaterra", precisa la información de la agencia española.

El pleito legal inició el 14 de mayo de 2020, cuando el BCV demandó al Banco de Inglaterra para obligarlo a liberar las 31 toneladas de oro, argumentando que los fondos derivados de su venta serían destinados a la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, también pesan sanciones financieras y comerciales sobre el gobierno de Nicolás Maduro por parte de la administración de Estados Unidos, que dificultaban –por lo menos en ese momento– la entrega del oro valorado en poco más de 1.000 millones de dólares.

Entonces, el fallo del 29 de julio de 2022, aunque si bien favorece las pretensiones de Juan Guaidó, no lo autoriza a acceder a los recursos auríferos almacenados en el Banco de Inglaterra. O por lo menos no por ahora.