Durante el gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela ha estado bajo la lupa de varios mecanismos y dependencias de la ONU: los informes recurrentes de Michelle Bachelet (alta comisionada de DDHH) y el que elaboró la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela son dos ejemplos. Otra cosa distinta es el Examen Periódico Universal (EPU). Como su nombre indica, ocurre cada cierto tiempo (alrededor de un lustro). La particula "universal" se refiere a que, teóricamente, todos los países miembros de la ONU (193) pueden formular preguntas —y sobre todos los tipos de derechos humanos— acerca del Estado examinado.

A Venezuela le tocó su tercer EPU el 25 de enero de 2022, después de los exámenes de 2011 y 2016 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Delcy Rodríguez (vicepresidenta ejecutiva) y Mervin Maldonado (vicepresidente de "socialismo territorial") fueron dos de los voceros de una intervención telemática de más de tres horas. Muchas de las informaciones sin sustento recitadas por Nicolás Maduro en su discurso de memoria y cuenta de 2021 (5 de enero) se reciclaron ante una audiencia internacional.

¿Y qué puede hacer la comunidad internacional ante esto? Ejercicios como el EPU pueden parecer naifs frente a gobiernos autoritarios de nuevo cuño y dejan en evidencia las limitaciones de la justicia multilateral. El Consejo de DDHH no puede imponer a Venezuela ninguna de las recomendaciones que se elevarán a partir del EPU (ya las desobedeció en el ciclo de 2016, por ejemplo la liberación de presos políticos). Aunque es cierto que, si esta situación se reitera en el tiempo, el Estado podría ser declarado un "caso persistente de no cooperación", lo que podría cerrarle el acceso a ciertos programas de asistencia financiera y alimentar aún más su expediente de desprecio a los derechos humanos.

Mervin Maldonado: "Desde el año 2011 se han construido más de 3 millones 900 mil viviendas"

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Esto equivale a un promedio de alrededor de 1.000 viviendas construidas al día durante una década, en un país que en este período pasó por una de las peores recesiones en la historia contemporánea. La Cámara Venezolana de la Construcción calcula casi 50 trimestres seguidos de recesión en el sector privado. Una investigación independiente de Connectas y El Pitazo solo geolocalizó en el territorio nacional apenas 5% de las viviendas que el gobierno dice haber construido. Una referencia: Estados Unidos, que es un país con una población casi 12 veces mayor a la de Venezuela, construyó 7 millones de casas entre 2012 y 2021. 

Mervin Maldonado: "95% de la población se ha vacunado" contra la COVID-19

Es Paja

Hasta el 21 de enero de 2022, 64% de los venezolanos habían recibido al menos una dosis de vacunas contra la Covid (18,3 millones de personas) y 40% contaban con un esquema completo de al menos dos dosis (11,6 millones), pero estos dos totales no podían ser sumados, pues el segundo grupo se incluye dentro del primero: cifras oficiales de la OPS. Para el 25 de enero de 2022, Emiratos Árabes Unidos es el país líder de vacunación contra Covid en el planeta: 93% de sus casi 10 millones de habitantes (portal Our World in Data, que trabaja con datos oficiales), siempre que consideremos "vacunados" a los que han recibido la pauta completa. Venezuela carece de data en esa plataforma, pero es improbable que supere a un Estado ubicado entre los más ricos del mundo.

Delcy Rodríguez:"El sistema gratuito de atención ha sido un éxito en la pandemia"

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Por lo menos para los niños y adolescentes del hospital JM de los Ríos (Caracas), esta premisa no se ha cumplido: solo en el servicio de Hematología se registraron 23 muertes en 2021 y en Nefrología fueron 16, según la ONG Prepara Familia, que agrega: “Las estructuras están prácticamente abandonadas, deterioradas, sin mantenimiento no solamente preventivo y correctivo sino de limpieza de las áreas. El personal realiza la labor sin productos desinfectantes, cloro, cuando hay agua limpian, hacen lo que pueden hasta que las madres se las arreglan y traen productos o ayudan a limpiar. Hay falta de insumos, no se pueden realizar exámenes como rayos X, sangre, son pocos los reactivos en los laboratorios, incluso en el JM que es el mayor hospital pediátrico del país". En enero de 2022 se cumplieron cuatro años y siete meses de la suspensión del Programa Procura de Órganos en Venezuela.

"Los antibióticos son muy difíciles de comprar y difíciles de conseguir, porque si no los hay en el hospital, a nosotros como pacientes nos toca costearlos, y a veces nosotros no contamos con el dinero para comprar esos antibióticos. Entonces es algo que se escapa de las manos de nosotros como pacientes": Winkler López, paciente renal del JM de los Ríos, en su testimonio en la audiencia a distancia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a otros niños y jóvenes (EsPaja.com, 30 de junio de 2021).

Mirelis Contreras:"El ministerio de prisiones garantiza el debido proceso para que no haya retardo procesal"

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Para la Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Mirelis Contreras, la situación penitenciaria en el país es un "lecho de rosas", al punto de afirmar durante la audiencia del Examen Periódico Universal 2021 que "Venezuela garantiza los Derechos Humanos de los privados de libertad" y en el país "se asegura el debido proceso evitando el retardo procesal". 

El Informe Especial sobre la Situación del Retardo Procesal de las y los Privados de Libertad en los Centros de Detención Preventiva de Venezuela, publicado por Una Ventana a la Libertad (UVL) en 2019, establece que 70% de los privados de libertad en el país no tiene sentencia firme y, que de esa cifra, más de la mitad no ha ido a audiencia preliminar, proceso fundamental en el que se determina si se sigue o no a un juicio.

A pesar de que el Ministerio Penitenciario no ha dado cifras, la ONG calcula que la población penitenciaria del país es de unos 110.000 reclusos. Entonces, por lo menos a unas 77.000 personas aproximadamente no se les ha podido demostrar su responsabilidad o culpabilidad en la comisión de un delito y, en consecuencia, no existe una sentencia definitivamente firme que así lo declare. 

Entre las principales consecuencias del retardo procesal está el estado de indefensión de las personas privadas de libertad, la violación de sus derechos fundamentales y las condiciones de hacinamiento en los Centros de Detención Preventiva que ocasionan graves afectaciones a la salud e integridad de los detenidos. En teoría, los reclusos no deberían permanecer por más de 48 horas en dichos centros. Sin embargo, hay quienes tienen hasta cinco años recluidos en un calabozo policial.