¿Delincuentes fuera de las cárceles como un arma política? Nuestros usuarios nos enviaron por WhatsApp, para verificación, un comentario vertido en redes sociales que vincula la llamada "Revolución Judicial" con otro difuso concepto de la jerga oficialista muy de moda en 2024: "Furia Bolivariana".
El material que nos llegó por WhatsApp refleja un post en X (Twitter) del 20 de enero de 2024. Lo emite un usuario anónimo que no puede definirse como "influencer" o "personaje público" (@joseleandro60 tiene unos 4.000 seguidores). Sin embargo, pudiera reflejar una angustia en parte de los ciudadanos: ¿las excarcelaciones de presos comunes estarían relacionadas con un plan para atacar y hasta "exterminar" opositores? Su post tuvo unas 15.000 visualizaciones (hasta el 26/01/2024). Especular es libre, pero no hemos encontrado evidencias que conecten una cosa y otra.
La teoría conspirativa esgrimida por el usuario "José" a secas (@joseleandro60) hace recordar, ligeramente, el llamado "Éxodo de Mariel". En 1980, de manera sorpresiva, el régimen de Fidel Castro en Cuba toleró una migración masiva de más de 100.000 personas, durante un período de unos seis meses. Luego se comprobó que aproximadamente 3.000 de ellos tenían prontuario criminal. Una popular película de Al Pacino, Caracortada, se inspiró en los "marielitos", delincuentes presuntamente usados como arma política contra EEUU. El término "marielito", sin embargo, también ha estigmatizado al resto de aquella oleada de migrantes cubanos.
¿De dónde sale la cifra de 54.000 excarcelaciones?
Del Poder Legislativo de Venezuela: la dijo el diputado Julio García Zerpa (PSUV), primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior, haciendo un balance de la llamada "Revolución Judicial" (fuente, agencia EFE, 19 de enero de 2024). La cifra abarcaría un período que comenzó en junio de 2021 hasta, se supone, el cierre de 2023.
Diputados y un "equipo multidisciplinario del sistema judicial" revisaron "cada expediente" y entrevistaron "personalmente" a los detenidos, que se encontraban en un total de 543 centros de reclusión, según García Zerpa.
Estas excarcelaciones no deben relacionarse únicamente con la "Operación Guaicaipuro", es decir, la intervención policial y militar en siete cárceles desde septiembre de 2023 (entre ellas Tocorón y Tocuyito).
Sobre esta "Operación", las cifras son opacas. Según un conteo de Efecto Cocuyo a partir de declaraciones del ministro de Interior (Remigio Ceballos), en estas cárceles había unos 9.000 hombres privados de libertad. Nunca se dio un balance total de cuántos fueron excarcelados o trasladados a otras prisiones (de manera temporal o definitiva), ni por Ceballos, ni por el Ministerio Penitenciario, ni por el Ministerio Público.
El estado Bolívar fue una de las "excepciones". Luego de las intervenciones de dos penales guayaneses (Vista Hermosa y El Dorado), que sumaban unos 1.800 presos, se otorgaron medidas cautelares (excarcelaciones condicionadas) a unos 300 de ellos. Es decir, cerca de 17%. Y se "esperaba" que la cifra llegara a 500. Las estadísticas no llegaron de Min-Interior, ni del Ministerio Penitenciario, ni de la Fiscalía, sino de un diputado de la AN: Alexis Rodríguez Cabello (fuente: Primicia, 09/10/2023). El mismo que luego fue designado "autoridad única" del nuevo estado abstracto Guayana Esequiba (zona en reclamación).
La cifra es poco creíble, dice fuente independiente
"Realmente no tenemos datos que afirmen esta información" (la de los 54.000 excarcelados desde 2021), indicó a EsPaja.com el abogado y profesor universitario Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad.
Agregó por mensaje de texto: "No creo que sea así porque el hacinamiento, sobre todo en calabozos y centros de detención preventiva, sigue superando 200%, esa es la primera vez que dan una cifra sobre los resultados de esa Comisión de Estado (nota: la de la "Revolución Judicial") que se creó en junio del 2021".
"Respecto a si es un peligro que estén tantos presos o ex presidiarios en las calles, es responsabilidad del Estado hacerle seguimiento a estas personas y apoyarlos a reinsertarse en la sociedad, esto lo dice la Constitución Nacional en su artículo 272", agregó Nieto Palma.
En Venezuela había unas 67.000 personas privadas de libertad para 2022, discriminadas en 32.200 situadas en cárceles y 35.000 en centros de detención "provisional" (calabozos), según otra ONG (Observatorio de Prisiones), con un hacinamiento general de 158%.
¿Qué es la "Furia Bolivariana"? ¿Contempla "asesinar" opositores?
La expresión "Furia Bolivariana" no es novedosa. El gobierno de Maduro la empleó ya al menos desde comienzos de 2020, en el contexto de la pandemia. Así lo señalaba en abril de aquel año un informe de la ONG Provea:
"La narrativa 'Furia Bolivariana', adoptada públicamente por el gobierno (...), vincula cualquier disentimiento interno a la iniciativa judicial del gobierno de Estados Unidos de investigar a funcionarios gubernamentales venezolanos por delitos de narcotráfico. Como consecuencia de este discurso, 57 personas fueron víctimas de actos de hostigamiento, que incluyen el vandalismo a la fachada de sus viviendas con mensajes amenazantes".
La expresión "Furia Bolivariana" reaparece con fuerza en enero de 2024, en el contexto de una presunta conspiración para cometer un magnicidio contra Maduro. En año de elecciones presidenciales, la supuesta trama ha dado pie a detenciones de militares y líderes políticos y órdenes de captura contra la periodista Sebastiana Barráez y la abogada Tamara Sujú, ambas en el exilio (entre otros civiles).
Es totalmente falso que Maduro, públicamente, haya dado órdenes de "asesinar" a opositores a través del plan "Furia Bolivariana". Sus declaraciones han sido más ambiguas y difusas. Palabras del 23 de enero de 2024 (fuente: Telesur TV):
"Si algún día las fascistas y los fascistas me hicieran algún daño, algún atentado, dejo en manos de ustedes hacer lo que tengan que hacer para reponer la justicia y la paz en Venezuela; activen la Furia Bolivariana".
Que Maduro no haya dado órdenes explícitas de "asesinar" a venezolanos que protesten no quiere decir que la llamada "Furia Bolivariana" no constituya una amenaza real contra los derechos humanos o el Estado de Derecho en general, en uno de los países cuyo sistema judicial es peor valorado en el mundo. Pudiera dar pie, si no lo ha hecho ya, a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, agresiones y ataques de cuerpos civiles, armados o no.
Resultado
No hay evidencia de una presunta relación entre la "Revolución Judicial" y la llamada "Furia Bolivariana". El hacinamiento en cárceles y centros de "detención provisional" y los retardos procesales de los privados de libertad son problema reales y graves.
La cifra de 54.000 personas excarceladas desde junio de 2021 es poco creíble, según una fuente independiente consultada y autorizada. No hay evidencias públicas de que la "Furia Bolivariana" implique el uso de presuntos delincuentes excarcelados para atacar y hasta asesinar a opositores. Lo que no quiere decir que esta narrativa de "Furia" no represente una amenaza contra el Estado de Derecho y las libertades civiles.
Foto de portada: Ministerio de Servicio Penitenciario, 2023