En Venezuela, las investigaciones sobre corrupción por parte de entidades oficiales son escasas —por no decir inexistentes— y cuando se hacen, son tan opacas como el propio gobierno.

De acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, son 19 personas apresadas en la reciente "operación anticorrupción" que inició el gobierno el pasado 17 de marzo. Sin embargo, no hay información pública disponible sobre los nombres de todos los detenidos, los delitos de los que se les acusa, los presuntos mecanismos empleados, el tamaño del patrimonio público comprometido, la cantidad exacta de personas involucradas o si se está respetando el debido proceso.

"Los nombres de los presuntos funcionarios y de empresarios detenidos solo se han conocido de manera extraoficial, así como las supuestas tramas de corrupción, los presuntos vínculos con organizaciones criminales y los miles de millones extraviados”, denunció Transparencia Venezuela en un comunicado publicado el 20 de marzo.

Por un lado tenemos el escándalo con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Aparentemente 3.000 millones de dólares, procedentes de la venta de petróleo, desaparecieron de las arcas del Estado venezolano en distintos actos de corrupción que involucran a miembros a altos miembros del gobierno relacionados directamente con Tarek El Aissami, exministro de Petróleo.

Y por el otro dos posibles casos: uno de venta de sentencias en el sistema judicial y otro que se refiere a la supuesta vinculación del alcalde de Las Tejerías con álias "El Conejo" jefe de una importante banda delictiva. 

Pero en el tratamiento de la información de la operación "anticorrupción" no solo ha habido silencios, sino también contradicciones. 

¿Cuándo comenzaron las investigaciones?

Tampoco sabemos con certeza cuándo empezaron las investigaciones pertinentes. El Ministerio Público anunció el 19 de marzo que, tras conocer las detenciones llevadas a cabo por la Policía Nacional Anticorrupción, comenzó las diligencias pertinentes para la judicialización de los funcionarios implicados.

Sin embargo, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, informó temprano en la tarde del 17 de marzo que la Policía Nacional Anticorrupción había solicitado al Ministerio Público encauzar a varios individuos, pero sin identificarlos.

Si el MP comenzó el proceso judicial después de que las detenciones salieron a la luz pública, ¿eso significa que le pasó por encima al Artículo 44 de la Constitución, el cual establece que ninguna persona puede ser detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea atrapada in fraganti?

Además, durante una reunión de trabajo con la Dirección Nacional de Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el mandatario Nicolás Maduro dijo que condujo personalmente "durante semanas" una serie de investigaciones, en conjunto con autoridades policiales y la colaboración activa de la Fiscalía General de la República, para "desmembrar estas mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores del aparato económico, del aparato judicial y del aparato político". 

Si es así, ¿entonces el MP estaba trabajando en el caso antes de que la Policía Nacional Anticorrupción anunciara la detención de los funcionarios?

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Son detalles que, por ahora, solo conoce el oficialismo. La falta de rendición de cuentas, la ausencia de un sistema de justicia autónomo e independiente, así como la inexistencia de información pública confiable, veraz y oportuna constituyen un gran incentivo para que ocurran hechos como los denunciados, como denunció Transparencia Venezuela. 

Lo que se ha dicho hasta ahora

Entre octubre y noviembre de 2022, Pdvsa vendió 120 millones de barriles, valorados entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, para cuya venta la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) usó criptomonedas para evitar las sanciones de EEUU. Cuando en diciembre quisieron echar mano al dinero, éste no estaba ni siquiera registrado, según la información disponible en El Mundo de España. 

En consecuencia, Joselit Ramírez, quien por decreto presidencial desempeñaba el cargo de superintendente de la Criptomoneda y Actividades Conexas Venezolana desde el 19 de marzo de 2018, fue detenido el 17 de marzo de 2023.

El diario TalCual reportó que fuentes extraoficiales y medios oficialistas confirmaron la detención el diputado del partido oficialista PSUV por el estado Trujillo, Hugbel Roa, por hechos de corrupción en Pdvsa y especialmente en la empresa mixta Petrocedeño. 

Hugbel Roa y Joselit Ramírez provienen de la militancia juvenil del PSUV en la Universidad de Los Andes (ULA), de la cual Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, también forma parte. El lunes 20 de marzo, El Aissami renunció a su cargo como ministro de Petróleo "en virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Pdvsa", como escribió en su cuenta oficial de Twitter. 

También se confirmó la detención de los coroneles Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, y Samuel Testamarck, gerente general de PDV Marina.

Por otra parte, tres jueces, un constructor, un exgobernador de Sucre y el alcalde de Las Tejerías, están a la orden de la justicia por otros casos de corrupción que al parecer no tienen vinculación con los supuestos 3.000 mil millones de dólares desaparecidos de la venta de petróleo.

Pedro Hernández, alcalde de Las Tejerías, fue detenido por la Policía Nacional contra la Corrupción por presuntos vínculos con la banda delictiva de El Conejo. Los jueces Cristóbal Cornieles y José Mascimino Márquez están bajo arresto por "casos de ventas de sentencias para favorecer a narcotraficantes, a delincuentes y paramilitares", según informó el mandatario Nicolás Maduro el 20 de marzo.

Rafael Perdomo, propietario de la constructora HP, compañía clave para las edificaciones que se han levantado en la urbanización Las Mercedes, está privado de libertad por presunto financiamiento opaco apunta a legitimación de capitales. Edwin Rojas, exgobernador de Sucre, aparentemente está vinculado a sujetos "involucrados en una red de prostitución al servicio de políticos y empresarios". En el caso del juez Jorwis Bracho, las autoridades no han informado la razón de su detención.