La desinformación es una autopista de doble sentido. Una organización no gubernamental, FundaRedes, documentó al menos 51 desapariciones de personas en Táchira durante el segundo trimestre de 2022. El contexto es la presencia de grupos armados de distinta índole —desde el ELN, una guerrilla colombiana que se ha vuelto binacional, hasta el Tren de Aragua, una megabanda venezolana derivada en trasnacional— en la entidad andina.

Sin embargo, esta realidad apenas es reflejada en los medios de comunicación independientes en la región, ni hablar de los vinculados al oficialismo. Ni los tachirenses pueden enterarse de lo que pasa en su estado, ni el resto de los venezolanos lo conoce en sus respectivas —y limitadas— ventanas informativas. Las pocas que van quedando.

La fuente judicial “prácticamente no se toca por los periodistas, porque hace mucho tiempo nos cerraron la puerta en la nariz. Si logras hablar con un fiscal, que ha habido casos donde se logra, ellos tienen que pedir permiso a instancias superiores. Puede que le den la autorización, así como no, pero la mayoría de las veces es no”, menciona Judith Valderrama, periodista del Diario Los Andes.

Y así en otras regiones monitoreadas en Las ONG toman la palabra ante la desinformación regional, una nueva investigación de EsPaja.com bajo el auspicio de la Unión Europea y con el apoyo de las corresponsalías de Transparencia Venezuela en varios estados, además de otras organizaciones independientes.

“Desde hace unos 10 años no existen periodistas que cubran exclusivamente la fuente judicial, por lo general, esta responsabilidad recae en los redactores de sucesos. Los programas radiales de información y opinión prefieren no abordar temas vinculados con la justicia, por temor a represalias de Conatel”, indicó, por ejemplo, el enlace de Transparencia Venezuela en Carabobo.

En medio de este “desierto informativo”, las ONG han pasado a representar, de alguna manera, el rol de Diógenes de Sinope, aquel filósofo griego del que se dice que paseaba por las calles con una lámpara encendida en pleno día, buscando —a duras penas— testimonios honestos que le permitieran aproximarse lo más posible a la realidad.

Gracias a estas organizaciones, al menos tenemos una noción (aproximada) de la magnitud de las posibles violaciones de derechos humanos en un país que desde 2021 tiene una investigación abierta —inédita en Latinoamérica— ante la Corte Penal Internacional. 

La música del silencio

“Uno se entera (de presuntas ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas) por comentarios de la gente, ya que no hay voceros oficiales. No existe una dependencia en la que se pueda obtener información. La oficina del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) la consigue, al igual que la ONG Una Ventana a la Libertad, que llegan al fondo del asunto contactando a los familiares de los detenidos”, indica desde Nueva Esparta el periodista Dexcy Guédez para el informe de EsPaja.com auspiciado por la Unión Europea.

Los pocos medios que van quedando en las regiones monitoreadas, si no son emisoras de radio que sustituyen opinión por música, son un puñado de portales —el papel periódico es un lujo que muy pocos pueden darse, una tendencia global acelerada en Venezuela por la crisis económica y/o la censura— que, en el mejor de los casos, reproducen comunicados de las ONG y carecen de músculo para emprender investigaciones.

Si es que no se limitan a duplicar la versión oficial de los boletines de las policías y cuerpos de seguridad, que con frecuencia usan eufemismos o falsas verdades como “fallecido en enfrentamientos con las autoridades” para referirse a posibles ejecuciones sumarias.

Pero las ONG, al mismo tiempo, no escapan a la persecución política, el cierre de espacios o la pérdida de fuentes de financiamiento.

“Esto hace que el ejercicio a la defensa de los DDHH sea cada vez más limitado y comprometido”, indica Roland García, director de la ONG Fundehullan (Fundacion de Derechos Humanos de los Llanos) a propósito de casos como el de Yovanny Medina Mora, dirigente campesino del PSUV que secuestró a un grupo de defensores de los DDHH cuando estos intentaban documentar una violación de la propiedad privada.

Los hallazgos de la investigación Las ONG toman la palabra ante la desinformación regional pueden revisarse en este PDF descargable