Rocío San Miguel no está. Se la llevaron, o más bien la desaparecieron. Desde que se reportó el 9 de febrero que organismos del Estado la retuvieron en el aeropuerto de Maiquetía y que después fue trasladada sin orden judicial, sin abogados, sin debido proceso y sin saber ni siquiera a dónde, los organismos de derechos humanos han alzado la voz para  pedir su liberación. Pero no pasa nada. No la dejan ver y su caso se suma ya a la larga lista de denuncias sobre detenciones arbitrarias, inhabilitaciones y violación de derechos humanos por parte del gobierno de Maduro. 

No es algo nuevo, pero sí es algo que se está intensificando. Lo que le está pasando a la reconocida defensora de derechos humanos se enmarca en la reactivación de las amenazas por parte del oficialismo hacia los organismos no gubernamentales y activistas de derechos humanos. 

El año 2024 comenzó con la reactivación de las amenazas del oficialismo hacia las organizaciones no gubernamentales y los activistas venezolanos, a pesar de estar bajo el ojo público a nivel nacional e internacional por las elecciones presidenciales (que siguen sin cronograma electoral formal). El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines volvió a la palestra de la mano de Diosdado Cabello a finales de 2023 y fue reforzado por Jorge Rodríguez en enero, con el anuncio del inicio de la consulta pública sobre la misma desde la Asamblea Nacional. 

La promoción que ha hecho el oficialismo sobre este proyecto de ley se ha basado en la amenaza pero también en la desinformación. Para justificarlo, se han hecho afirmaciones sin sustento, obviando el marco legal ya vigente en el país y terminando de abrir la puerta a la discrecionalidad como política de Estado; algo que representantes de organizaciones sociales, incluso integradas por quienes han estado cercanos al gobierno de Maduro, han reclamado. Además, en redes sociales se han creado campañas para difamar, atacar y aumentar el asedio a activistas y organizaciones.

El 27 de enero, una declaración de la delegación de la Plataforma Unitaria opositora para el proceso de negociación brindó un elemento adicional y hasta ahora desconocido. Según el jefe del grupo, Gerardo Blyde, “habíamos conseguido que se congelara” el proyecto de ley en cuestión. Por ello, calificó como “amenaza directa a las ONG” haber “desempolvado” el instrumento.

Realidad vs ficción: #DóndeEstáRocío

Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, fue arrestada el 9 de febrero de 2024 y llevada a paradero desconocido por un cuerpo de seguridad indeterminado. 60 horas después, el fiscal Tarek William Saab informó de su captura “en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco”. En ese entonces no se divulgó dónde estaba ni qué organismo la custodia o si ha tenido acceso a  abogados. 

El 10 de febrero, antes de la confirmación de la detención de San Miguel, la sociedad civil inició una campaña en redes bajo la etiqueta #DóndeEstáRocío la cual acumuló más de mil mensajes y se ha mantenido activa por más de cinco días a pesar de no aparecer entre las tendencias de Venezuela en X. Según la herramienta de ProBox para analizar esta conversación, 95,9% de los mensajes que se han realizado con esta etiqueta han sido de forma orgánica; es decir, usuarios reales reportando la desaparición de San Miguel y haciendo seguimiento del caso. 

El 11 de febrero, grupos de cuentas vinculadas al oficialismo y a redes anónimas promovieron la etiqueta #RocíoNoEsSanta como respuesta a la sociedad civil. Aunque no lograron ser tendencia, produjeron al menos mil mensajes con esta etiqueta, promoviendo la narrativa de que San Miguel era una “traidora de la Patria” detrás del plan para “asesinar a Maduro”. Destaca que, aunque el 11 de febrero no se sabía dónde estaba recluida San Miguel, mensajes con esta etiqueta ya indicaban que estaba detenida en El Helicoide. 

El 13 de febrero, cinco días después de la detención, se dio a conocer que San Miguel fue imputada por los delitos de “traición a la Patria, conspiración, terrorismo y asociación”, fijándole como como sitio de reclusión la sede El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el centro de Caracas, tal como lo habían promovido en redes días antes. La activista no ha podido comunicarse con sus abogados desde su desaparición el 9 de febrero y varios de sus familiares también fueron detenidos pero actualmente se encuentran “en libertad” bajo régimen de presentación. 

Para un mejor entendimiento detrás de #RocíoNoEsSanta y el impulso de narrativas creadas para difamar activistas en Vzla, ProBox realizó un cruce de usuarios que usando esta etiqueta con una lista de otros que promovieron #SonTerroristas posicionada el 22 de enero de 2024 en contra de varios líderes opositores como María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Guaidó, entre otros; al menos 65 cuentas que realizaron tweets con la etiqueta #RocíoNoEsSanta también participaron previamente en la tendencia de ataque contra líderes opositores.

Ratificando la coordinación entre cuentas del oficialismo radical y de redes anónimas para promover tendencias en contra de activistas y líderes opositores, se realizó un último cruce de usuarios entre las etiquetas #RocíoNoEsSanta y #TarazonaMercenario, también promovida por el oficialismo en 2021 cuando fue detenido Javier Tarazona; este arrojó 18 cuentas en común entre ambas tendencias. 

Al hacer el mismo ejercicio con la tendencia #AntidotoFuriaBolivariana, promovida por Diosdado Cabello en su programa “Con el Mazo Dando” el 24 de enero, ProBox encontró al menos 49 cuentas en común que también publicaron mensajes con #RocíoNoEsSanta.

Mientras el Estado venezolano viola los derechos humanos, en paralelo arremete contra las ONG, ya que en medio de la desaparición forzosa de San Miguel, el Fiscal General y otros miembros del gabinete oficialista se dedicaron a cuestionar las exigencias de libertad para la activista y el “descaro” de las ONG por -supuestamente- producir campañas de “descrédito y mentiras” contra el Gobierno de Maduro.

La persecución y la cacería contra activistas vienen de mucho antes

No es la primera vez que se pone la mira sobre la organización ciudadana en Venezuela. Los antecedentes se remontan a hace al menos una década. Desde 2014 el mismo William Castillo comenzó a calificar a las ONG como “franquicias internacionales” que atacan a Venezuela. Desde entonces ha sido uno de los principales actores en el desprestigio de la sociedad civil organizada. 

En 2015, el portal de propaganda oficialista Misión Verdad publicaba un informe que presentaban en redes como La conspiración orquestada de las Ongs contra Venezuela y la "crisis humanitaria". El escrito, ahora borrado de su página web, retrataba a las organizaciones que habían presentado informes ante la CIDH como organizaciones que “hacen negocio” y participan de un “parapeto internacional” que buscaba “imponer en el terreno mediático” la crisis humanitaria como excusa para una “intervención”.

En 2017 el Editorial CLAP No. 42, un instrumento de divulgación del PSUV, afirmaba que las ONG son instrumentos para desestabilizar financiadas por George Soros y varias instituciones internacionales.

En febrero de 2020, el entonces presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello, aseguró que la instancia revisaría leyes que tengan que ver con financiamientos de ONG desde otros países para aplicar “el máximo de sanciones de quienes reciben financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra la patria”.

En enero de 2021, el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a actuar directamente contra las ONG y los defensores de derechos humanos con la detención de los directivos de Azul Positivo. Estuvieron encarcelados durante un mes para finalmente ser sobreseídos en junio de ese año. Al mes siguiente, fue detenido Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien continúa tras las rejas y con continuos retrasos judiciales. Su audiencia de apertura de juicio ocurrió en diciembre de 2023.

El mismo año, con una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, entró a la agenda legislativa el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que ya entonces generaba alarma en la sociedad civil organizada, bajo sospecha de recibir dinero para “desestabilizar”. Entonces, Cabello señalaba a varias organizaciones por supuestamente pertenecer a “la oposición criminal”, entre ellas Alimenta la Solidaridad, Fundación Futuro Presente, Asociación Civil Manos al Aire, Transparencia Venezuela, Provea, Foro Penal, Acción Solidaria, Rescate Venezuela, Caracas Mi Convive, Alimentando Esperanza, Fundación American Venezuela Engagement, Fundación I Love Venezuela, Fundación Ven Da Tu mano, Un Mundo Sin Mordaza, entre otras.

Aquella propuesta de ley no avanzó más en el parlamento, pero sus principios fueron replicados en el instrumento que se aprobó en 2023 y ha sido retomado a comienzos de este 2024. Varias de aquellas organizaciones mencionadas ahora son nuevamente usadas como justificación para avanzar con el instrumento; un total de 60 ONG. Allí se incluyen Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, Más Ciudadanos, entre otras, como las listó el diputado Pedro Infante (PSUV) el 12 de enero.

La desinformación como arma principal contra las ONG y activistas

Apenas comenzó enero y durante su primer programa del año, Diosdado Cabello dijo que algunas organizaciones “sí trabajan” pero otras “buscan desestabilizar al gobierno, montan conspiraciones, reciben dinero por escribir mal contra su propio país”. Un año antes había dicho que “o se dedican a la política o se dedican a la labor social”.

Durante la primera consulta pública organizada en el Palacio Federal Legislativo sobre este proyecto, que fue acompañada por un significativo número de militares uniformados, el diputado Julio García Zerpa (PSUV), dijo que “el 95% de las entidades que participan en el país cumplen con todos los requisitos. La alarma se genera por un pequeño grupo que no lo cumple y quizá no se apega a la ley”.

Para García hay dos tipos de ONG, las que se dedican al trabajo social ”que es la naturaleza por la cual se deben constituir” y las que son un “chaleco” para actividades políticas. Su homólogo Pedro Infante, primer vicepresidente del parlamento, agregó que “las ONG que no se vinculan en lo político no deben tener preocupación”. Ambas afirmaciones generan preocupación. 

Cuando postuló el proyecto, Diosdado Cabello dijo en 2023 que “no existe una ley que regule ese sector”. Sin embargo, esto no es enteramente cierto.

Ali Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, explicó en conversación con el equipo de #LupaElectoral que es grotesco hablar de un “abuso de la libertad de asociación” cuando desde hace al menos siete años para constituir una organización no gubernamental los estatutos no pueden decir “derechos humanos”, “vulnerables” y otros términos que están prohibidos por parte del Estado. Recuerda, además, que todas las asociaciones civiles pasan por un proceso de registro entregando sus estatutos y demás documentación hasta lograr su habilitación, con el marco regulatorio actual.

“Sin esta ley ya hay unas enormes dificultades para constituir una ONG, y es un proceso engorroso y lento. ¿Cómo puede haber un abuso cuando constituirlas es algo casi excepcional?”, se pregunta el abogado. 

También disputa que la libertad de asociación en el país no esté suficientemente regulada. “Este proyecto tiene 17 artículos y dos disposiciones transitorias, pero solo el Código Civil, que regula todo lo relativo a esto, tiene 40 artículos. De modo que regula incluso más. En Acceso a la Justicia hemos estudiado que al menos 40 leyes y más de 130 artículos de ley en distintos instrumentos regulan el derecho de asociación. Las normas del Código Civil están desde 1942, y son principios y normas que se han aplicado de manera pacífica y sin necesidad de que tribunales intervengan para interpretar porque están muy bien hechas”. 

Daniels apunta un factor adicional: de aprobarse esta ley se impide el ejercicio básico de la libertad de asociación que es un derecho humano, porque impone fines, objetivos, y actividades. “Es una intervención que impide su ejercicio”. afirmó.

En 2023, Espaja.com publicó el informe Las ONG toman la palabra ante la desinformación regional, en el cual queda patente el aporte de la sociedad civil en la vigilancia de los asuntos públicos y el dimensionamiento de los problemas. Si no fuese por Fundaredes, por ejemplo, no se hubiesen contabilizado 51 desaparecidos en Táchira durante el segundo trimestre de 2022. 

En ese mismo sentido, el seguimiento a casos judiciales, los procesos contra presos políticos, la cantidad de homicidios, las condiciones de reclusión en penales del país, las  desigualdades de ingreso, los problemas de desnutrición, la escasez de medicamentos e insumos médicos y la corrupción, entre muchos otros temas, suelen entrar en la agenda pública gracias al trabajo de distintas organizaciones no gubernamentales.

Todo ello en un país donde la opacidad oficial se ha hecho costumbre. Una investigación de Espaja.com, contabilizó que el 64,22% de 47 documentos oficiales que debieron publicarse entre 2010 y 2022, nunca fueron difundidos. A esa cantidad hay que sumar que 4,9% de los documentos se presentaron a destiempo, reza la investigación titulada Opacidad en Venezuela, una forma de gobernar, realizada con apoyo de Transparencia Venezuela. La investigación encontró que a partir del 2013 comenzó a disminuir la publicación de datos oficiales, mientras que 2016 fue un año crítico en esa materia. 

FInalmente, la acusación tan repetida de que las ONG son usadas para lavar dinero y por eso hay que fiscalizarlas es desmontada por el mismo Estado venezolano ante organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en la Evaluación Mutua de Marzo 2023, donde afirmó que estos supuestos hechos tienen una ocurrencia muy menor y existen los procedimientos judiciales para investigarlos y aclararlos. 

En el informe se expone que la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera atribuyó un riesgo alto de lavado de activos y financiamiento al terrorismo a solo 44 organizaciones sin fines de lucro de 9.960 analizadas (0,4%). “En ese mismo informe queda patente que el Estado no atendió el 60% de las recomendaciones internacionales”, afirma Ali Daniels a #LupaElectoral.

Afianzar el autoritarismo anulando la libre asociación  

Un documento firmado por más de 200 organizaciones civiles plasmó la alarma generada por la reactivación del proyecto de ley, a pesar de que en 2023 el Estado recibió  numerosas objeciones fundamentadas de la comunidad internacional: tanto la Oficina del Alto Comisionado y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos y la sociedad civil nacional e internacional se pronunciaron al respecto. En el escrito denuncian que su aplicación ocasionaría el cierre definitivo y la militarización del espacio cívico así como daños irreparables a los derechos de la población que ya están siendo vulnerados.

Señalan que con este articulado el derecho a libre asociación se transforma en un asunto de “orden público” con el que se afianza la sospecha y presunción de delito, abriendo la puerta a la intervención injustificada de cuerpos militares y de seguridad en su vigilancia y control. “En específico, la ley viola frontalmente el artículo 5 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Sociales, Económicos y Culturales que prohíbe la destrucción de derechos o su restricción excesiva”.

En Venezuela las ONG están fiscalizadas por el Servicio Autónomo de Registro y Notarías (Saren) con el registro y actualización anual de los estatutos sociales y representantes, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) con el pago de impuestos; el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con la seguridad social; el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) con el pago de cuotas mensuales para la capacitación laboral, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), con el pago de cuotas mensuales para créditos de vivienda y el Ministerio del Trabajo, para la supervisión de condiciones de seguridad laboral, entre otros. Además, están sujetas a las normas de prevención de lavado de dinero que aplican las instituciones financieras.

Con el nuevo instrumento, el Ejecutivo podría suprimir a organizaciones incómodas gracias a potestades discrecionales. Por ejemplo, la personalidad jurídica de las organizaciones pasan a depender de la aprobación de una resolución expresa emanada de la autoridad competente (artículo 8), cambiando el carácter del registro de notificativo por habilitante.

El rechazo a la “regularización” de ONG vs. la propaganda estatal en línea

Ante la iniciativa del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, se reactivó la alarma y el rechazo en X al respecto que ya existía ante cualquier intento de regularización de las ONG que viole sus principios, teniendo al menos 5 tendencias hablando sobre el tema entre 2022 y enero de 2024. 

El 18 de mayo de 2022 ProBox identificó la etiqueta #LeyAntisolidaridad posicionada como tendencia con al menos 3.150 tweets, una campaña coordinada entre más de 500 organizaciones de la sociedad civil que rechazaban el entonces proyecto de ley de cooperación internacional. Ese mismo día desde el Ministerio de Comunicación (MIPPCI) se promovieron dos tendencias que sumaron más de 172 mil mensajes: #4MillonesYMás hablando sobre el aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela (la cual fue eliminada, ya que dicha misión fue creada el 30 de abril y no el 18 de mayo) y #VenezuelaTierraFértil hablando sobre la producción agrícola nacional.

El 10 de febrero de 2023 se posicionó por primera vez la etiqueta #LeyAntiSociedad contra el proyecto de ley de fiscalización de las ONG sumando poco más de dos mil mensajes; el MIPPCI nuevamente promovió dos tendencias con más de un millón 500 mil mensajes en conjunto en el marco de la Serie del Caribe celebrada en el país. 

Tres meses después, el 10 de mayo, volvió la tendencia #LeyAntiSociedad acompañada con #RecetaNicaragua como campaña de las ONG y la sociedad civil venezolana en rechazo una vez más de los proyectos de ley  impulsados por el oficialismo para cerrar el espacio cívico, comparando la situación con la ilegalización de las ONG que ocurrió en Nicaragua, acumulando poco más de dos mil mensajes. El oficialismo en paralelo promovió una tendencia de propaganda a favor de Maduro, #MaduroEsPueblo, con más de 600 mil tweets. 

El registro más reciente alrededor del tema en redes sociales según ProBox ocurrió el 18 de enero de 2024 con la etiqueta #SociedadInhabilitada con cerca de mil tweets, en el marco de la reactivación de la conversación por parte de la Asamblea Nacional para avanzar con el proyecto de ley. En paralelo, el MIPPCI impulsó #VenezuelaFuerzaEconómica con propaganda oficialista con más de 38.500 tweets. 

Con la reactivación de la conversación sobre el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, ProBox realizó una búsqueda especializada de palabras claves en X, Facebook e Instagram con una herramienta de escucha social, dividiendo el estudio en dos partes. 

La primera abarca términos utilizados por la sociedad civil como #SociedadInhabilitada, ley contra sociedad civil, fiscalización regularización financiamiento ONG, libertad de asociación en venezuela, #LeyAntisociedad, persecución de ONG, ley anti ONG y ley de fiscalización contra ONG; esta búsqueda identificó al menos 1.206 menciones de estos términos, teniendo el 18 de enero como el día de mayor actividad, coincidiendo con la protesta ciudadana y la conversación de la Asamblea Nacional (AN) por el inicio de la “consulta popular” sobre el proyecto de ley.

Twitter (X) fue la red social con mayor conversación al respecto, agrupando el 54,31% de las menciones, seguida por Facebook con 28,28% e Instagram con 17,41%. También destacó el uso de palabras asociadas a la consulta de la AN que no estaban incluidas en la búsqueda, incluyendo etiquetas que no han logrado posicionarse como tendencia pero están siendo utilizadas para alertar sobre el proyecto de ley como #JusticiaVE y #AsociarseEsUnDerecho. 

La segunda parte del estudio consistió en buscar las narrativas impulsadas por el oficialismo alrededor de este tema y en las mismas fechas , utilizando palabras claves que abarcan las tendencias promovidas por “Con el Mazo Dando”, programa de Diosdado Cabello, principal propulsor del proyecto de ley: #FuriaBolivarianaActiva, #PuebloEstableDePaz, #JusticiaYVerdad, Furia Bolivariana, #VenezuelaHumanista, #LaPazLeGanaATodo, #PaLoQueSalgaConChavez, Ley regulación y financiamiento ONG, y vandaliza ONG entre el 31 de diciembre de 2023 hasta el 01 de febrero de 2024. 

Esta búsqueda arrojó alrededor de 6.717 menciones, destacando el 23 y el 29 de enero como los días de mayor actividad, coincidiendo con los anuncios de la reactivación de la “Furia Bolivariana para defender a la patria”. 

A diferencia de la sociedad civil, la mayor parte de la conversación oficialista se realizó en Instagram con 75,99% de las menciones registradas, seguida por Facebook con 17,52% y por último X (Twitter) con 6,49% de las menciones registradas. A pesar de que la conversación se concentró en Instagram, las cuentas que hicieron por sí solas más menciones se encontraron en Facebook y en X, siendo las cuentas de la Gobernación de Guárico, el gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño, @ElNoEsSublime en X (actualmente suspendida) y Con el Mazo Dando las más activas.

Pongámosle la lupa al Proyecto de Ley

El proyecto de ley prohíbe a las organizaciones realizar “actividades políticas” o recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos, sin definir qué se entiende por actividad o fines políticos (artículo 15).

 El artículo 7 limita los fines de las ONG a “la satisfacción de las tareas humanitarias, sociales, de asistencia, culturales, educativas u otras”, y el número 6 dice que las actividades contempladas solo abarcan las orientadas “a los fines benéficos, sociales, o de interés general, relacionados con la preservación del medio ambiente, la salud, desarrollos científicos, tecnológicos, de derechos humanos, artísticos, literarios, religiosos, educativos u otros ámbitos de utilidad general”.

Asimismo, los cambios en el objeto de la organización deben ser sometidos a autorización del ente competente según el mismo artículo 7, que no tiene plazo establecido para responder ni razones para negarlas; se debe registrar el inventario de bienes y hacer actualización anual (artículo 12), así como sus integrantes presentar declaración jurada de patrimonio en la Contraloría General de la República (artículo 14.3) como si fueran empleados públicos.

La defensa de los derechos humanos, el acompañamiento a víctimas de violaciones de estos derechos, la lucha contra la corrupción, la promoción del voto como herramienta de participación política, la contraloría social, la denuncia, la crítica, el cuestionamiento o la disidencia pacífica, entre otras, quedan excluidas.

¿Podría esto generar un sistema de ONG permitidas y otras proscritas? “No. No hay distinción. Cualquier ONG que maneje información sensible es sospechosa para el gobierno. Por ejemplo, Cáritas maneja información sobre desnutrición infantil y eso es algo que al gobierno no le gusta. Todas por igual vamos a estar bajo sospecha”, apunta Daniels. 

‘Hashtags’ por derechos: así se ven las ONG en Twitter

El viceministro William Castillo dijo en el parlamento que “no puede ser que una ONG se ponga en Twitter a decir que hay que parar un hospital porque falta un insumo, o que se usen ONG para alterar la vida de un hospital o para dañar la prestación del servicio". Agregó que “se la pasan haciendo informes sobre el Estado, sobre las memorias y cuentas, sobre el  presupuesto público -todos documentos que el gobierno censura-, y quienes reciben dinero no le rinden cuenta ni siquiera a sus asociados".

La conversación sobre los derechos humanos en Venezuela ha estado presente en el mundo digital de manera contínua, no solo como exigencia sino también como documentación de los distintos casos y fallas del Estado venezolano pero no como lo expresó Castillo. Según los registros de ProBox la sociedad civil en general ha sido el actor que más ha hablado sobre este tema Twitter (ahora X) entre 2020 y enero de 2024, impulsando 291 tendencias al respecto y casi 2 millones de mensajes. 

De estas 291 tendencias, 193 han sido promovidas por distintas ONG que suman casi un millón de mensajes entre el 01 de enero de 2020 y el 26 de enero de 2024. aquí los 5 temas principales:

1. Derechos humanos, 136 tendencias y 680.497 tweets apx.: denunciando detenciones arbitrarias, persecución de activistas, cierres de medios de comunicación, etc. Por ejemplo: #LiberenALos33, #InformarNoEsDelito, #LosDerechosNoSeNegocian, #LiberenActivistasDeFundaRedes. 

2. Salud, 23 tendencias y 175.990 tweets apx.: hablando sobre la falta de medicamentos en Venezuela, las fallas del sistema de salud y la falta de vacunas contra la COVID-19 en el auge de la pandemia. Por ejemplo: #DiálisisEnRiesgo, #CrisisHospitalaria, #VacunasYaParaTodos. 

3. Servicios, 8 tendencias y 12.792 tweets apx.: reportando fallas en el territorio nacional. Por ejemplo: #TachiraSinElectricidad, #VzlaSinInternet, #MéridaSeApaga. 

4. Economía, 5 tendencias y 53.522 tweets apx.: exigiendo mejoras salariales y apoyando la protesta de distintos gremios. Por ejemplo: #PorPensionJustaYDigna, #InsumosySalariosDignos.

5. Política, con 5 tendencias y 32.515 tweets apx.: pidiendo el respeto de leyes existentes en el país y la legalización de otras medidas, como por ejemplo: #ElAvilaSeRespeta y #AbortoLegalYaVzla.

Las narrativas principales promovidas por las ONG se han dedicado casi en su totalidad a visibilizar las violaciones de derechos humanos, documentar las fallas en el sistema de salud nacional, servicios básicos, exigencias económicas y otros temas que afectan a los ciudadanos en general y que suelen ser atendidos por estas organizaciones y no sobre “actividades políticas”.

En un año con elecciones presidenciales en puerta, sin cronograma definido y con el refuerzo de las inhabilitaciones políticas para cerrar aún más la participación ciudadana, la persecución contra los activistas y las ONG se recrudece, aumentando aún más el carácter autoritario del régimen en Venezuela quien, el 15 de febrero de 2024, anunció la suspensión de las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela dando un plazo de 72 horas a sus trabajadores para abandonar el país luego de haber declarado su preocupación por la detención de Rocío San Miguel.

Para más información sobre estos temas puedes buscar la etiqueta #LupaElectoral en redes sociales o seguir las cuentas oficiales de ProBox, RunRunes, El Pitazo, TalCual, Redes Ayuda, Medianálisis y EsPaja.