Por varias vías llegó a EsPaja la solicitud para verificar un supuesto enfrentamiento entre la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez y los hermanos Rodríguez (Jorge y Delcy) por la inhabilitación de María Corina Machado. El texto anónimo, que corre por Whatsapp, atribuye a la magistrada una naturaleza "legalista" que le impediría validar la inhabilitación de Machado ante la inexistencia del documento emanado de la Contraloría General de la República con la firma del contralor.
De acuerdo con el mensaje viral, Gutiérrez manifestó no poder actuar en ese caso porque se trata de una inhabilitación fraudulenta.
Los hermanos Rodríguez habrían solicitado al TSJ que blindara la inhabilitación de la candidata de Vente Venezuela a las elecciones primarias de oposición, previstas para el venidero 22 de octubre. Dado que se trata de un procedimiento de 2015, Gutiérrez habría pedido el documento original, firmado por el entonces contralor Manuel Galindo y no el mostrado por el diputado José Brito a los medios de comunicación, fechado 27 de junio de 2023 y suscrito por el director general de Procedimientos Especiales.
Según el texto, Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) habría ordenado una investigación por la filtración.
Por la metodología con la que trabaja EsPaja (las fuentes informativas deben aparecer identificadas plenamente) es difícil, por no decir imposible, que algún tercero que conozca lo discutido entre los participantes –en el caso de que se haya dado la conversación o el encuentro– esté dispuesto a retratarse públicamente sin esperar represalias.
¿Qué es lo cierto del mensaje viral?
Como señalaron juristas en el momento en que se conoció la decisión –por José Brito y no por canales regulares–, la inhabilitación no tiene sustento jurídico, está viciada, por lo que es nula.
El 30 de junio, Brito, quien solicitó el 26 de junio a la Contraloría General el estatus de la inhabilitación de Machado para ejercer funciones en la Administración Pública, mostró a un grupo de periodistas la comunicación entregada por el órgano contralor.
Comunicación de la Contralo...
Firmado por Antonio José Meneses Rodríguez, director general de Procedimientos Especiales de la Contraloría, el documento expone las causas por las cuales se abrió la investigación (sobreestimación, subestimación y omisiones en declaraciones juradas de patrimonio durante su desempleo como diputada a la Asamblea Nacional) y otra serie de razones (políticas) sobre las que no hubo investigación ni sentencia judicial por las que se le impide el ejercicio de cargos públicos hasta 2030.
A simple vista parece una extensión a destiempo de la inhabilitación de 2015. El oficio de julio de 2015 inhabilitaba a Machado por 12 meses, por lo que no podía presentarse a las elecciones parlamentarias de diciembre de ese año.
La decisión de la Contraloría de junio de 2023 apareció en momentos en los que Marïa Corina punteaba (y puntea ahora) las encuestas que miden la intención de voto de cara al proceso interno opositor, previsto para el domingo 22, y en el que se presentarán 13 candidatos.
En distintas plataformas se ha transmitido de manera engañosa como una noticia confirmada que la magistrada Gutiérrez rechazaría una inhabilitación a María Corina Machado. En TikTok hay varios ejemplos y este del usuario @bartolome915 es uno de ellos:
En EsPaja podemos decir que existe un oficio de la Contraloría General de la República fechado el 27 de junio y firmado por el funcionario de la Contraloría Antonio Meneses, que el diputado José Brito mostró a los medios de comunicación, y en el que se indica que sobre Machado pesa una inhabilitación política por 15 años a partir de 2015. Pero no podemos asegurar que haya habido un enfrentamiento de la magistrada Gutiérrez con los hermanos Rodríguez por haberles pedido un documento legal que dé cuenta de la inhabilitación.
El gobierno de Nicolás Maduro utiliza esta figura como un arma política para anular a quienes puedan representar un peligro a los intereses del chavismo. La experta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, Patricia Tappatá Valdez, observa que “la falta de independencia, y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales –como la Contraloría y el Consejo Electoral– coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos. La dinámica en su conjunto asfixia y suprime el debate y la vida política”.
En el informe presentado el 20 de septiembre por la instancia ONU se señala que "este panorama es especialmente alarmante en un país que se encamina a las elecciones presidenciales en 2024. Al menos una candidata y dos candidatos a las elecciones primarias de la oposición fueron inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral, y se unen a la lista de otros reconocidos políticos que también fueron inhabilitados".
