Tras la firma  del acuerdo suscrito entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria en México, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), mostró su apoyo a la medida. Sin embargo, advirtió que si bien la ONU administrará los recursos congelados del Fondo de Atención Social, el Gobierno nacional decidirá los proyectos.

“Eso no nos importa siempre y cuando le llegue a nuestro pueblo (…) Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Ese dinero es de los venezolanos y debe ser usado para los venezolanos. ¿Que esté la ONU? No nos importa, nosotros somos transparentes”, aseveró.

Pero una cosa es lo que pueda decir Diosdado y otra los datos de Transparencia Internacional en su Informe de Percepción de la Corrupción 2021, que evalúa la percepción de corrupción en casi 200 países alrededor del mundo, entre ellos Venezuela. 

De acuerdo al índice de esa organización internacional, Venezuela se ubica en el puesto 177 de 180 peldaños, solo por delante de Somalia, Síria y Sudán del Sur, entendiendo como el menos corrupto el número uno y el más corrupto el número 180. 

"Desde 2017, Venezuela registra un descenso continuado en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). De 18 puntos que obtuvo en ese año, para 2021 el país apenas alcanzó una calificación de 14, en una escala de 100, donde 0 es el peor desempeño o la más alta percepción de corrupción. Venezuela solo fue mejor que Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11), las más bajas puntuaciones entre los países evaluados. Al mismo tiempo, Venezuela es el Estado percibido como el más corrupto de América, por octava vez consecutiva", dice la página de Transparencia Venezuela, tras la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción. 

En la investigación “Opacidad en Venezuela, una forma de gobernar”, EsPaja.com halló que 64,22% de los 47 documentos oficiales contemplados en el estudio, que debieron ser publicados entre 2010 y 2022, no se difundieron. De la data estudiada, solo 29,95% está publicado y se presentó en su oportunidad.

Las instituciones públicas están obligadas a dar información a los ciudadanos, de acuerdo con los Artículos 28 y 58 de la Constitución Nacional, las cuales garantizan el derecho de acceder a información oportuna, veraz e imparcial. Sin embargo, la palabra "transparencia" no caracteriza al chavismo.

En medio de la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela, el gobierno de Maduro ha optado por no publicar información sobre el endeudamiento público, el gasto, la situación de salud, los índices de mortalidad, las cifras de muertes violentas, las migraciones forzosas y otros indicadores claves de la crisis.

Por ejemplo, desde 2017, el Ejecutivo decidió no publicar el Presupuesto Nacional y hasta 2021 decidió presentarlo a instancias ajenas a la Asamblea Nacional (AN) para su aprobación. Para llenar el vacío informativo, entre 2017 y 2019, Transparencia Venezuela construyó los Presupuestos Ciudadanos con base en información extraoficial a la que tuvo acceso y complementando con la recopilación de modificaciones presupuestarias publicadas en Gacetas Oficiales. Para 2020 y 2021, la opacidad del gobierno fue aún mayor, porque dejaron de publicarse gran cantidad de Gacetas Oficiales contentivas de modificaciones presupuestarias.

Según la investigación de EsPaja.com, cuando la oposición obtuvo la mayoría de la AN en 2015, desapareció la rendición de cuentas de los órganos centrales, que ya de por si era escasa. Solo cinco instituciones publicaron sus Memoria y Cuenta correspondientes al año 2015: Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Agua, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Defensoría del Pueblo y Tribunal Supremo de Justicia. 

Además, de los 33 ministerios que tiene el país en 2022, solo tres tienen disponibles los documentos en sus páginas web: Ministerio para el Proceso Social del Trabajo, Ministerio de Planificación y el Ministerio de Ecosocialismo, siendo este último el más “actualizado”, con un documento de 2017. Y aunque el chavismo volvió a ser mayoría en la AN en 2020, los Memoria y Cuenta correspondientes a 2021 y 2022 también son un misterio. No es posible consultarlos en los portales web de los ministerios y las organizaciones civiles tampoco tienen acceso a los documentos. 

En materia económica, el Banco Central de Venezuela no publica cifras de manera regular desde 2013, cuando dejó de informar el Índice de Remuneraciones de los Asalariados (IRE). También ese año se dejó de dar el indicador de escasez y el índice de diversidad de productos, al igual que la variación de precios de bienes y servicios dejó de publicarse de manera
regular. 

Por otro lado, tanto periodistas como analistas y empresarios se ven obligados a utilizar las cifras de la OPEP para conocer el volumen de producción petrolera de Venezuela, ya que el último informe de gestión de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fue presentado en 2016, bajo la presidencia de Eulogio Del Pino. También a ese año corresponde el último informe financiero de la petrolera estatal.

También las organizaciones de la sociedad civil en el área de salud deben recurrir a los datos publicados por instituciones internacionales y estudios de terceros, así sean parciales, para conocer el estado de salud del país. El último Anuario de Mortalidad divulgado por el Ministerio de Salud es el de 2016, año en que también dejó de publicarse el Boletín Epidemiológico. Vale destacar que el documento llegó con retraso, porque fue publicado en enero de 2021. A pesar de que la prensa ha hecho solicitudes de información, el ministerio las recibe, firma y sella, el trámite no pasa de ahí.