"Por décadas, la minería fue explotada de manera indiscriminada en Venezuela, en los pasados gobiernos de la Cuarta República. Había una situación de no gobierno en el Sur del país y eran miles y miles los contrabandistas de oro, llamados garimpeiros, que provenían de Brasil y de Colombia (...). En este momento Venezuela, respetando la Constitución, ha establecido dos puntos fundamentales, primero el reconocimiento del derecho de los sectores ancestrales a esas tierras (...); y segundo, que la explotación minera se haga de manera ordenada, que se haga de manera organizada para que se respeten los parámetros establecidos desde el punto de vista ambiental (...). Ahora todo está establecido de manera que se respeten los parámetros de explotación minera ordenada y ecológica".

Con esta declaración, Jorge Rodríguez —vicepresidente y ministro de Comunicación de Venezuela— respondió a un periodista que, el 3 de diciembre de 2019, en el contexto de la Cumbre de Madrid en España, le cuestionó acerca de las contradicciones del régimen que representaba: un régimen que denuncia una catástrofe climática ocasionada por el capitalismo (discurso del canciller Jorge Arreaza en la llamada COP25) pero que, por otro lado, se sustenta sobre una economía basada casi exclusivamente en la explotación petrolera y una minería ecológicamente no sustentable.

"Había una situación de no gobierno en el Sur del país", afirmó Rodríguez sobre lo que ocurría antes de la llegada de Hugo Chávez al poder (1999). ¿Cómo es la situación en la Quinta República? Varias fuentes —las propias Naciones Unidas, ONG como Transparencia Venezuela y Provita y reportajes periodísticos independientes— desconfían de que haya gobierno. A menos que sea uno de carácter explotador que, de manera planificada, extrae o deja extraer sus recursos mineros sin atender a los derechos humanos de las generaciones actuales y futuras de venezolanos.  

"La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del Arco Minero del Orinoco, ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, modos de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra. La minería también provoca graves daños ambientales y en la salud, como el aumento del paludismo y la contaminación de las vías fluviales. Tiene un efecto diferenciado en las mujeres y niñas indígenas, que corren mayor riesgo de ser objeto de trata de personas. El hecho de no consultar a los pueblos indígenas sobre estas actividades constituye una violación de su derecho a la consulta", indica el Informe sobre Venezuela de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que difundió su Alta Comisionada, Michelle Bachelet, el 4 de julio de 2019.

"Me preocupa también el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios. A pesar de que el Gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del Arco Minero, autoridades indígenas y ONGs sostienen que no hubo consultas, ni los estudios de impacto ambiental adecuados", reiteró Bachelet en la primera actualización de su informe (9 de septiembre de 2019). Volvió a refererirse a la minería ilegal en una nueva actualización el 18 de diciembre de 2019.

"El negocio aurífero al Sur del país está manchado de sangre y viciado de las más ilícitas prácticas, como el contrabando del mineral aurífero y del combustible, la trata de personas y el tráfico de drogas, armas, entre otros", confirma otra fuente: la investigación que publicó la organización no gubernamental Transparencia Venezuela en diciembre de 2019 sobre contrabando de oro en el citado Arco Minero del Orinoco, un área equivalente a 12% del territorio nacional (111.843 km2) que apartó de manera arbitraria para la explotación mineral el régimen de Maduro el 24 de febrero de 2016. 

"Diversas fuentes consultadas estiman que entre 70% y 90% del oro que se extrae sale del territorio de manera ilegal en operaciones en las que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial", agrega la investigación de Transparencia Venezuela. Si la explotación se hace de manera ordenada, tal como afirma Jorge Rodríguez, responde a un orden de perpetuación en el poder.

“No hay cambios en la forma en que hemos trabajado desde siempre. Seguimos picando rocas en los barrancos, trasladando el material a los molinos y usando mercurio para separar el oro”, señaló un minero de una "brigada socialista minera" de El Callao (Bolívar) entrevistado en abril de 2017 en el microsite de investigación Arco Minero del Orinoco: crimen, corrupción y cianuro, producto de una alianza entre Organized Crime and Corruption Reporting Project y el International Center for Journalists. Esto a pesar de que el 5 de agosto de 2016 se publicó en Gaceta Oficial un decreto presidencial que prohíbe el uso, tenencia, almacenamiento y transporte del mercurio como método de obtención o tratamiento del oro.

"Algunas fotografías que aparecen por allí forman parte de la depredación brutal que se hizo de los recursos mineros en Venezuela en pasadas décadas", señaló Jorge Rodríguez en la rueda de prensa del 3 de diciembre de 2019. Sin embargo, hay fotografías que documentan una depredación brutal en esta década, incluso en una fecha bastante reciente:

Gráfico a partir de imágenes satelitales: Canaima, el paraíso envenenado por el oro

Canaima, el paraíso envenenado por el oro, una investigación periodística independiente publicada en noviembre de 2019 por los portales Tal Cual, El Pitazo y Runrunes, documenta hasta 15 puntos de minería ilegal dentro del segundo Parque Nacional más extenso del país (30 mil kilómetros cuadrados), establecido en 1962 y decretado Patrimonio Mundial de la Humanidad por Unesco en 1994, uno de los tres con que cuenta Venezuela, además del casco colonial de Coro y la Ciudad Universitaria de la UCV. El Parque Nacional Canaima, teóricamente, no forma parte del área de explotación del Arco Minero del Orinoco.

Mapa interactivo: Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg)

Venezuela tiene 82% de los puntos de minería ilegal en la Amazonía (1.899 de un total de 2.312), a pesar de que dentro de su territorio solo se ubica 5,8% de la cuenca amazónica, según un mapa interactivo elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) con la colaboración de las ONG locales Provita y Wataniba.  

Dos fotografías satelitales de 2008 y 2016 documentan el crecimiento de la minería ilegal en el yacimiento Las Brisas-Las Cristinas (Bolívar). Solo en un lapso de cuatro meses, entre diciembre de 2016 y abril de 2017, se deforestaron aproximadamente 200 hectáreas en el territorio asignado a la empresa mixta Siembra Minera, según el portal de investigación Arco Minero del Orinoco:

Imágenes satelitales de DigitalGlobe, Planet y NASA Landsat

"No es posible la coexistencia entre la minería y los bosques en el Escudo Guayanés. Todas las tierras dedicadas a la minería, y en particular a la minería de superficie, será un terreno donde los bosques resultan sacrificados porque requiere la remoción de grandes cantidades de tierra. Este sacrificio de los bosques representa una pérdida irreparable del capital natural”, aseveró Juan Carlos Sánchez, investigador venezolano que participó en el Panel Intercontinental contra el Cambio Climático (colectivo premiado con el Nobel de la Paz en 2007), en Explorando el Arco Minero, investigación de la plataforma multinacional Infoamazonia.

"Greenpeace no tiene sede en Venezuela ni capacidad para trabajar en este contexto geográfico. Por este motivo desconocemos el asunto de la minería y sus detalles y no hemos elaborado ningún informe sobre esta problemática. No podemos ofrecer una opinión. Obviamente, esto nos pasa en muchos otros países y regiones donde no tenemos oficinas", admitió en un correo electrónico Miguel Ángel Soto, vocero de Derechos Humanos de esa ONG, consultado por el equipo de EsPaja.com acerca del relativo bajo perfil que sigue teniendo la explotación de la Amazonía venezolana en la agenda de las organizaciones ecológicas de alcance global, a pesar de todas las denuncias documentadas anteriormente.

Foto de portada: diario El País de España, rueda de prensa de Jorge Rodríguez en Madrid