De acuerdo con el periodista Clodovaldo Hernández, la desaparición forzada de la activista e investigadora de temas militares Rocío San Miguel no debería calificar como tal, porque aparentemente la existencia de la orden de captura era conocida desde enero de este año.
El pasado 22 de enero, el fiscal Tarek William Saab ofreció una rueda de prensa para hablar sobre los planes de conspiración denunciados por el Ejecutivo nacional en la presentación de la memoria y cuenta 2023: Alta Conspiración, Caso Espionaje Guasdualito, Caso La Gaviota, Caso Fortunato y Brazalete blanco.
Durante su alocución, Saab informó que han sido detenidas 32 personas, entre civiles y militares, por su presunta vinculación en dichas tramas. Cuando habló sobre las órdenes de aprehensión vinculadas a la operación "Brazalete Blanco", trama por la que se acusa a Rocío San Miguel de terrorismo, Saab no la mencionó ni con nombre y ni con apellido.
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Se han acordado las siguientes órdenes de aprensión de personas que, según ellos mismos, declarando ante los órganos competentes, han dicho eran sus colaboradores inmediatos para publicitar, para darle una especie de fachada mediática a nivel de Youtube, de videos de declaraciones. Simple y llanamente personas que ellos han referido son sus colaboradores, y las pruebas las verán ustedes de manera progresiva durante estos, días para legitimar mediáticamente estas acciones, que todas han sido desmanteladas y develadas. Se han acordado ordenes de aprehensión en contra de Tamara Sujú, Wender Enrique Villalobos, Norbey Marín, María Sebastiana Barráez, Mario Carratú Molina y José Antonio Colina.
Saab también presentó un video de la "confesión" del oficial Ángelo Heredia, acusado de formar parte de la operación "Brazalete Blanco" y participar en un plan para atacar la 21° Brigada del Ejército en Táchira con el propósito de robar armas y atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal, en el que tampoco se menciona a Rocío San Miguel.
La activista ni siquiera fue mencionada directamente en la actualización sobre los casos de magnicidio que dio Tarek William Saab el 26 de enero.
La presidenta de Control Ciudadano, una ONG que promueve el acceso a la información sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional; fue detenida el viernes 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía.
Dos días después de que se alertara su aprehensión, Tarek William Saab informó que Rocío San Miguel había sido detenida por su presunta vinculación en el intento de magnicidio y, en la noche del 12 de febrero, se conoció que la Fiscalía General la acusa de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
El equipo legal de la defensora de los DDHH reclamó que el titular del Ministerio Público no ha ofrecido detalles sobre qué órgano policial la detuvo, ni a la orden de cuál tribunal está su causa, ni cuál fiscal lleva adelante la investigación.
"No tenemos ningún tipo de información particular. Esa imputación nos parece total y absolutamente absurda y carente de fundamento. Todos sabemos la actividad que hacía Rocío San Miguel en el país, un trabajo de documentación en el área de los derechos fundamentales. Esto es un patrón claro de desaparición forzada", declaró el abogado Juan González Taguaruco.
Asimismo, se denunció la desaparición forzada de cinco parientes de la activista: Miranda Díaz San Miguel (hija), Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel Quigosos (hermano), Victor Díaz Paruta (padre de Miranda) y Alejandro González Canales, (expareja de Rocío San Miguel).
Hasta la publicación de esta nota, Rocío San Miguel sigue desaparecida. Sus abogados no han podido comunicarse con ella ni saben dónde está. Tampoco estuvieron presentes en la audiencia celebrada en la noche del lunes 12 de febrero.
