Jimmy Alexanders Hernandez, uno de los representantes del gobierno de Nicolás Maduro ante el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas, aseguró el viernes 13 de septiembre, en el 57º período de sesiones, que en el país se garantiza "el buen vivir" de los adultos mayores a través de la “atención integral” dada por el Estado.

"En la República Bolivariana de Venezuela, gracias a la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, se garantiza el respeto a la dignidad humana de los adultos mayores y el pleno ejercicio de sus derechos, reconociendo su autonomía y el libre desenvolvimiento de su personalidad, a través de la atención integral que debe brindar el Estado. Asimismo, el Plan de la Patria 2019-2025 establece como una política estructural la protección plena de las personas de edad, garantizando su autonomía, independencia y envejecimiento digno"

Contrario a lo que afirman las autoridades, la población de tercera edad es una de las más vulnerables en Venezuela. Desde el año 2022, los pensionados que no están registrados en el Sistema Patria reciben Bs 130 —tomando como referencia el salario mínimo—, equivalentes a $ 3,50 al cambio oficial (Bs 36,74). Aquellos que sí cuentan con Carnet de la Patria también cobran el Bono de Guerra Económica, así como otras bonificaciones. No obstante, estos beneficios no bastan para cubrir los productos de primera necesidad. Para junio de este año, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) caculaba que la canasta básica para un pensionado rondaba los $ 587,78.

En consecuencia, los adultos mayores requieren de otras fuentes de ingresos para sobrevivir. La evaluación del año 2023 sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela, elaborado por la asociación civil Convite, revela que de 1.535 entrevistados en 19 ciudades del país, 579 personas se encuentran laborando, especialmente de manera informal: servicios a domicilio, buhonería, albañilería o pequeños emprendimientos. 

Asimismo, 75% de las personas mayores entrevistadas manifestaron estar siendo apoyados económicamente por sus familias, tanto las que permanecen en el país como las que están en el exterior, mientras que 24% indicó que se ayudan con varias alternativas (pidiendo prestado y otras). 

La falta de independencia económica se traduce en una alimentación precaria. Convite encontró que 51% de los adultos mayores consultados "se ha visto en la necesidad de reducir porciones de comida para que les alcance". Ni siquiera los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) cubren la demanda. Los consultados dijeron que el beneficio solo les dura unos 15 días y las reciben una vez al mes, aunque a veces los tiempos de entrega pueden ser mayores y pueden estar hasta tres meses sin recibir estos alimentos.

También los adultos mayores enfrentan limitaciones en el acceso a la salud. 92% de los consultados manifestó no tener una póliza de salud, motivado a sus altos costos. La mayoría acude a ambulatorios o dispensarios privados de costos bajos o moderados y a hospitales públicos para atender su condición de salud.

51% de los entrevistados compra los medicamentos que requiere con mucha dificultad, 26% solo puede adquirir algunos de los recetados y 10% los adquiere fácilmente. De igual modo, 61% admitió que no acude a consultas médicas periódicas para controlar su condición de salud.

Medidas insuficientes

El gobierno lanzó en 2011 la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela (GMAMV), cuyo fin es otorgar pensiones de vejez y discapacidad a todos aquellos adultos mayores que no lograron cotizar en el IVSS, especialmente a quienes viven en hogares con ingresos inferiores al salario mínimo.

En la edición 2023 de su informe Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, la ONG Provea señala que la GMAMV es un foco de opacidad al no publicarse el registro de beneficiarios, los criterios de elegibilidad ni la distribución geográfica, entre otros aspectos. Para el período en estudio, 211.742 adultos y adultas mayores fueron incorporados como pensionados de esta misión: 24.092 pensionados menos que el año anterior (235.834). 

La misión no ataja el problema real, sino que promueve el asistencialismo bajo la figura de cobertura de la seguridad social. Tal como señala el informe de PROVEA, los bonos como mecanismo de protección social son una fórmula ineficaz porque ese dinero no permite cubrir los productos de primera necesidad. Por el contrario, estimula el proceso inflacionario que generan la impresión de dinero inorgánico, los controles y las cadenas de suministros, entre otros aspectos.

Además, la implementación del Carnet de la Patria en el marco de la GMAMV la exigencia del Carnet de la Patria ha derivado en irregularidades dentro del sistema de seguridad social: 

 "Se han registrado irregularidades perpetradas por funcionarios del IVSS, quienes estarían solicitando el Carnet de la Patria a aquellas personas que intentan procesar el trámite de 'pensión por vejez' habiendo cumplido los requisitos de ley (años de edad y semanas cotizadas). No solamente se ha solicitado el documento para procesar las correspondientes pensiones, sino que, además, se ha denunciado que algunas instituciones bancarias públicas, donde muchas de las personas pensionadas cobran el beneficio, estarían solicitando el Carnet de la Patria para entregar el dinero correspondiente", indica un reporte de Transparencia Venezuela publicado en 2018.

El Ejecutivo ha planteado otras promesas para beneficiar a los adultos mayores y que no llegaron a nada: en el año 2014, desde el Palacio de Miraflores, el mandatario se comprometió a entregar una tarjeta para salud y turismo para la tercera edad; en 2017 aseguró que restablecería el pago a los pensionados en el exterior; y en 2022 ofreció un Bono Único Compensatorio a jubilados con un valor de 10.000 bolívares. 

En mayo de este año, el gobierno aprobó la nueva Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista, la cual obliga a las empresas privadas a pagar una alícuota de 9 % a un fondo de pensiones que es administrado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), en vez del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). 

Las cotizaciones pagadas al IVSS son recabadas por la Tesorería de la Seguridad Social, una instancia independiente del fisco nacional,  cuya responsabilidad es administrar los recursos obtenidos de los aportes patronales y de los trabajadores para tres fines muy específicos: pago de pensiones, asistencia médico-sanitaria de los trabajadores e indemnizaciones por accidentes, invalidez, embarazo o pérdida de trabajo.

En cambio, los recursos recaudados por el Seniat terminan en el tesoro nacional y de allí las autoridades los pueden emplear para cubrir otros gastos: educación, sanidad pública, obras públicas de infraestructura, pago de funcionarios o de compromisos relacionados con la deuda pública interna y externa.

La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) denunció que, a más de cuatro meses de haberse implementado la nueva ley, el dinero no ha llegado al bolsillo de quienes deberían verse beneficiados con dicha medida. 

Ante la falta de garantías, los adultos mayores han recurrido a medidas extremas para exigir sus derechos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró que las 105 huelgas de hambre documentadas durante el año 2023 fueron protagonizadas por principalmente por jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. "Esta cifra nos muestra la desesperación y radicalización de los manifestantes venezolanos que, al no ver garantizados sus derechos, se ven en la necesidad de tomar medidas extremas para visibilizar, presionar y exigir soluciones", indica el reporte. 

Resultado

No es cierto que el gobierno venezolano garantiza el "buen vivir" y el pleno ejercicio de los derechos de los adultos mayores. Las personas de la tercera edad en Venezuela son vulnerables por la falta de políticas de protección social efectivas, ingresos que no alcanzan para cubrir la canasta básica, inseguridad alimentaria, el acceso limitado a la atención médica, entre otros problemas que han sido ampliamente documentados por medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.