El presidente de la Corte Penal Internacional “designó a tres conjueces” que investigarán la conducta de la jurista gambiana Fatou Bensouda, fiscal principal de ese organismo, por su actuación —o más bien su inacción— en el caso contra el gobierno de Nicolás Maduro abierto en La Haya. La aseveración la hizo el ex diputado Walter Márquez el lunes 22 de julio de 2019 en el canal de TV digital EVTV Miami.
La aseveración de Márquez fue replicada por el portal Venepress y, un par de días después, por la periodista Maibort Petit y juristas como Omar Estacio.
Aunque en el video Walter Márquez asegura haber recibido una información directamente desde “la presidencia” de la Corte Penal Internacional, su declaración es inexacta. Los únicos hechos públicos que podemos comprobar son que, el 27 de septiembre de 2018, la CPI de La Haya abrió una inédita investigación contra el régimen de Nicolás Maduro a instancias de los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá; y que, en noviembre de ese año, Márquez introdujo una queja contra la fiscal Bensouda.
Según Carmela García, miembro de la sección América de la ONG Coalición por la Corte Penal Internacional, es imposible que la queja contra Bensouda esté siendo investigada por tres magistrados integrantes de la CPI, como ya había afirmado Márquez de manera errónea en enero (estamos, realmente, ante una hallaca fría).
Los jueces del tribunal de La Haya no son los encargados de llevar este tipo de procesos, sino un órgano subsidiario llamado Mecanismo de Supervisión Independiente (Independent Oversight Mechanism, en inglés).
Si la denuncia de Márquez es evaluada como procedente, el MSI hará una investigación y transmitirá sus conclusiones y recomendaciones a la Asamblea de Estados Parte. ¿Quiénes son estos últimos? Los 122 países que, al momento, permanecen adscritos al Estatuto de Roma: el convenio firmado en 1998 que permitió la creación de la Corte Penal Internacional en 2002.
Estados Unidos, por cierto, no es uno de ellos. De hecho, la administración Trump le quitó la visa a la fiscal oriunda de Gambia.
Sin embargo, el desenlace de la queja de Márquez solo se conocería a partir del 2 de diciembre de 2019, cuando se reúna la Asamblea de Estados Parte en La Haya. Para destituir a la fiscal Bensouda, “la mayoría simple de los Estados que son parte del Estatuto de Roma tendrían que adoptar esa decisión mediante votación secreta”, explica el abogado Mariano de Alba.
Omar Al-Bashir, ex dictador de Sudán entre 1993 y 2019, es el único jefe de Estado en ejercicio procesado por la CPI: ocurrió en 2008, pero jamás pudo ser llevado a juicio porque la nación africana se negó a colaborar con el tribunal de La Haya. Bienvenidos a los vericuetos de la lenta y todavía bastante imperfecta justicia multilateral.
