Antes de subir al avión de Conviasa que lo llevaría de regreso a Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro declaró desde el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, que su administración tiene cómo demostrar "la libertad verdadera, el régimen constitucional de derecho, de justicia". Pero tal afirmación es falsa. El más reciente informe –el segundo– de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, documenta lo contrario.

"Si quieren debatir de democracia verdadera nosotros tenemos como demostrarles, con nuestro pueblo, la experiencia de la democracia directa, la democracia popular, la libertad en rebeldía que tiene nuestro pueblo, la libertad verdadera, el régimen constitucional de derecho, de justicia. Tenemos cómo nosotros mostrar la experiencia bonita, hermosa, surgida desde la raíz bolivariana, zamorista, robinsoniana de nuestro país".

De esta manera Maduro reaccionaba a las críticas hechas a su gobierno por los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou y Paraguay, Mario Abdo Benítez, quienes durante su participación en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), dejaron claro que su presencia en el evento no implicaba el reconocimiento del mandato de Maduro y rechazaban la represión de las protestas, la separación de poderes y la ausencia de una democracia plena. 

A punto de abordar la aeronave, Maduro dijo que ambos mandatarios habían ido (a México) a una provocación y Venezuela les respondió con altura.

La afirmación del jefe de Estado venezolano sobre libertades, el respeto al estado de derecho y de contar con un régimen de justicia, se da tres días después que la Misión de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó su segundo informe sobre el papel protagónico del sistema de justicia venezolano en violaciones de derechos humanos y crímenes. El régimen de Maduro salió mal parado en esta investigación.

Un informe que desmonta la afirmación de Maduro

"Las recurrentes violaciones al debido proceso en Venezuela revelan un sistema de justicia carente de independencia, que ha perpetuado las graves violaciones de los derechos humanos contra opositoras y opositores al gobierno, según señala un nuevo informe de las Naciones Unidas publicado hoy (16 de septiembre de 2021)", indica una nota de prensa de la organización disponible en su sitio web. que resume más de 200 páginas.

De acuerdo con la investigación, "la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales", manifestó Marta Viñas, presidenta de la Misión.

Observa el equipo de Naciones Unidas que en los últimos años, funcionarios públicos, incluso algunos de alto nivel, han podido cometer violaciones de derechos humanos y crímenes con impunidad en Venezuela.

"Existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales”.

"La Misión basó sus determinaciones en 177 entrevistas – muchas de ellas con actores del sistema de justicia – así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos, y en un extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales. También realizó un análisis detallado de 183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno (153 hombres y 30 mujeres; aproximadamente la mitad de civiles y la mitad de militares) entre 2014 y agosto de 2021, y documentó las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal", detalla.

La contribución del sistema de justicia a la crisis de derechos humanos de Venezuela no puede menospreciarse. "Si las y los fiscales y actores judiciales hubieran desempeñado adecuadamente su función constitucional, podrían haber evitado que se cometieran los crímenes y violaciones de derechos humanos, o al menos haber eregido barreras jurídicas a la capacidad de los servicios de seguridad pública e inteligencia para cometerlos”.

La parcialidad política del poder judicial y la vulneración de los derechos de las víctimas es un hecho notorio que ha dejado cientos de abusos denunciados en instancias internacionales, y llevó en 2019 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer una misión independiente “para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

Se destaca en la nota de prensa que, "desde la adopción de la Constitución venezolana en 1999, al menos una docena de nuevas leyes y resoluciones han afectado a la independencia del sistema de justicia. Mientras tanto, se ha producido un marcado deterioro de la independencia del Tribunal Supremo de Justicia, el órgano con poder para seleccionar y destituir a los jueces y las juezas. El nombramiento de jueces y juezas provisionales por parte del Tribunal Supremo de Justicia, en contraposición a jueces y juezas de carrera, le ha permitido efectuar nombramientos y destituciones sobre la base de consideraciones personales o políticas inapropiadas".

Tras el análisis de cada uno de los casos, este segundo informe –el primero es de septiembre de 2020– la misión concluye que “el sistema de justicia de Venezuela necesita una reforma urgente, para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar que proteja los derechos de todos los venezolanos y todas las venezolanas, de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

El trabajo documentado de la ONU, que evidencia, entre otros aspectos,  que no se ha hecho justicia en cientos de casos en los últimos años, desmiente por sí solo la declaración de Nicolás Maduro sobre que su gobierno tiene elementos para demostrar que se apega a un régimen constitucional de justicia.