El sábado 17 de febrero, el presidente Gustavo Petro aseguró a través de su cuenta oficial de X que la causa de la migración venezolana es el supuesto "bloqueo económico" impuesto por EEUU a Venezuela y apoyado por el gobierno del expresidente Iván Duque:

Lo que produjo la migración venezolana por millones se llama bloqueo económico y un gobierno colombiano ayudó a hacerlo. Se convirtió en un verdadero "boomerang". Bloquearon la venta internacional de petroleo y de eso vivía la sociedad venezolana. El empobrecimiento inmediato produjo la migración. Sus mujeres y jóvenes fueron humillados en nuestros países y ahora los migrantes marchan por millones hacia EEUU. La política profundamente equivocada de Duque y Trump crearon un nuevo actor de la violencia que estalla en todas las sociedades de América. Es hora de un cambio de política. A Colombia le interesa que la sociedad venezolana viva en paz, en democracia profunda y vuelva a tener bienestar económico y social. Por eso debe levantarse el bloqueo y debe haber elecciones libres. Abriremos las universidades públicas de manera gratuita a la juventud colombiana y venezolama residente en Colombia. Espero del gobierno de EEUU ayuda financiera para sostener este programa. Este y no los batallones en las fronteras es el mejor método para contener el éxodo.

La crisis migratoria no se debe únicamente a las sanciones económicas por parte de la Casa Blanca. Ya había un flujo migratorio considerable antes de que entraran en vigencia, producto de las acciones del Estado venezolano que derivaron en nuestra crisis humanitaria compleja.

A partir de 2015 se registraron fuertes flujos migratorios debido a la crisis económica. El número de migrantes venezolanos a nivel mundial creció entre 2015 y 2017 casi un 110%, al pasar de 700.000 personas a un millón y medio. En Sudamérica pasó de 89.000 a 900.000 personas entre 2015 y 2017. Un aumento de más del 900%, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

En 2017 comenzaron a aplicarse las primeras sanciones contra el gobierno de Venezuela, al prohibir las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del sector público y Pdvsa. Luego, en 2019 la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) incluyó en su lista de sancionados a la estatal petrolera.

Esto derivó en la pérdida de entre 17.000 millones y 31.000 millones de dólares en ingresos para el estado venezolano entre 2017 y 2020, según refleja el informe sobre el impacto de las sanciones hecho por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), con el apoyo del economista Luis Oliveros.

Un fuerte golpe para el gobierno de Maduro, pero no el único. La producción petrolera ya estaba comprometida por la mala administración, desinversión, falta de mantenimiento y corrupción desde varios años atrás.

La ONG Transparencia Venezuela muestra en el documento Sanciones internacionales: ¿origen o fin de la crisis? (2020), que la producción petrolera comenzó a decrecer ligeramente desde 2008 y de forma severa a partir del año 2015. 

También hay que tomar en cuenta la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional a partir de 2014, que alcanzó el 70% entre mediados de ese año y principios de 2016.

"La revisión documental -artículos científicos y de opinión- no deja lugar a dudas de que las sanciones económicas han causado efectos en las finanzas públicas de Venezuela. Se han limitado las fuentes de ingresos y gastos públicos; además, se ha restringido la actividad productiva de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa, y con ello toda su cadena de valor. Desde luego, estos efectos a su vez han provocado daños en la actividad económica de Venezuela y en la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, lo descrito no implica que las sanciones en cuestión sean las causantes de la crisis institucional, política, económica, social y ambiental que caracteriza a Venezuela desde hace más de una década. Al contrario, la evolución de los indicadores en todos estos ámbitos en un período de tiempo previo a las sanciones", señala la ONG Transparencia Venezuela en su informe. 

Por otro lado, cuando Maduro cumplió su primer año en el poder, en 2014, la inflación cerró en 68,5%. El panorama no mejoró en el segundo año de mandato. Según la última data oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), la inflación llegó a 180,8% en 2015. Desde entonces hubo opacidad y también hiperinflación.

"Las sanciones son impuestas (2017) cuando ya la economía venezolana atravesaba el punto más bajo de su historia. De 2013 a 2016 la economía había caído ya en casi 25 %, y por primera vez en su historia registraba una caída sostenida de 12 trimestres. Las sanciones financieras irrumpen en agosto de 2017. En los primeros 2 trimestres de ese año la economía había disminuido en alrededor de 8 %, por ende, la economía ya había caído en al menos 30 %, una de las peores caídas del PIB en la historia de América. Por tanto, cuando las sanciones ingresan al escenario financiero, ya la economía estaba en una gravísima senda de destrucción acumulada", menciona el informe Las sanciones económicas contra Venezuela: consecuencias, crisis humanitaria, alternativas y acuerdo humanitario (2020), escrito por el economista Manuel Sutherland y publicado por Provea. 

La máxima autoridad financiera reportó en abril de 2014 que 20 alimentos registraron un desabastecimiento superior al 30%. Después de ese informe, dejó de emitir datos. Pero el Cendas ubicó la escasez en 28,6% al cierre de 2014. Para el inicio del segundo trimestre del año 2015 la escasez de alimentos se ubicó en 31%, de los 58 productos que conforman la canasta del país dejaron de conseguirse 18.

Sumado a esto, el informe de la CEPAL 2014 referente a América Latina indica que Venezuela experimentó un crecimiento de 6,7% en el número de hogares en condición de pobreza entre 2012 y 2013 (del 25,4% al 32,1%) y la tasa de indigencia 2,7 puntos porcentuales (del 7,1% al 9,8%) en el mismo período. El indicador oficial disponible es un poco más modesto, pero no tan alejado: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2013 la pobreza creció 6,1 puntos porcentuales respecto de 2012 y se ubicó en 27,3%.

Ante la falta de datos oficiales, el estudio sobre condiciones de vida (ENCOVI) correspondiente al año 2014 mostró que el porcentaje de ciudadanos pobres habría llegado a 48,4% ese año, un número que superaría el 45% de hogares pobres que había en Venezuela en 1998. En términos absolutos, más de tres millones y medio de familias venezolanas estaban en situación de pobreza de ingresos.

En 2015 todavía no llegaban las sanciones económicas y aun así la pobreza en hogares aumentó considerablemente, hasta 73%. Cerca de 23 millones de Venezolanos tenían problemas para satisfacer sus necesidades desde el ingreso, de acuerdo con la Encovi 2015. 

Cuando Venezuela alcanzó otro pico migratorio en 2018, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello informó que se habría producido por las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2017 y las presidenciales de ese año 2018, además de la reconversión monetaria, de acuerdo con un chequeo que le hizo Cotejo.info a Gustavo Petro por una declaración similar.

No solo pesa lo económico

"Sin sanciones ya Venezuela necesitaba ayuda humanitaria urgente, con sanciones muchísimo más. Peor aún es que el dinero 'confiscado' o 'congelado' por las sanciones no ha sido redireccionado a la población que, en situación de pobreza atroz, lo amerita, ya que las sanciones empeoran aún más los destructivos efectos de la crisis de la economía rentística venezolana", señala el informe de Provea. 

En 2021, la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, alertó que “las sanciones han exacerbado las calamidades preexistentes” en todas las categorías de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud y al desarrollo. 

A pesar de que las sanciones agravan los problemas económicos de Venezuela, que ya existían antes de su implementación, este no es el único motivo por el que los venezolanos deciden salir de su país.

Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los migrantes venezolanos, publicado en noviembre de 2023, Venezuela experimenta un vertiginoso deterioro de la situación de derechos humanos, lo que ha llevado a un flujo masivo y forzoso de personas —7,72 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de acuerdo con las estimaciones de R4V—.

El documento señala que el desplazamiento guarda “una estrecha relación” con el autoritarismo en el país. La ausencia de un estado de derecho ha permitido las sistemáticas violaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, así como ha garantizado la permanencia del partido de gobierno en el poder.

De esta forma, las detenciones arbitrarias, denuncias de tortura y violencia sexual en centros de reclusión, amenazas a familiares y una inseguridad generalizada han causado que miles de personas opositoras o percibidas como tales deban desplazarse a otros países y, en muchos casos, sin la documentación correspondiente debido a las dificultades para obtenerla en territorio venezolano. 

El informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre migrantes y refugiados venezolanos, publicado en 2019, coincide en este punto. El documento define cinco razones que motivan la salida masiva del país: la emergencia humanitaria compleja, violaciones de derechos humanos, violencia generalizada, el colapso de servicios públicos y el desplome económico.