El periodista Manuel Sainz afirmó en una entrevista para el podcast Luego de la pausa, conducido por Gustavo Campos, que la razón detrás del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007 fue porque la televisora no solicitó la renovación de la concesión para su señal de emisión abierta.
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No la solicitó, amparado en un acuerdo que databa de la década de los 80, con Jaime Lusinchi, en la cual, para que entrara Televen, Lusinchi acordó: 'oye, mira. Se va a extender la concesión por 20 años y luego se va a renovar automáticamente cada 20 años'. Pero, ¿qué pasó? Eso fue cuando todavía teníamos un reglamento de telecomunicaciones que databa de los años 40, con algunas modificaciones. En el año 2000, justo cuando estaba Chávez y se estaba trabajando en la Constituyente, se aprueba la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Ya todo lo que se había acordado previamente queda sin vigor y, a partir del año 2000, tienen que hacerse las cosas según la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Sin embargo, RCTV y su departamento jurídico, por una cuestión que ellos asumían que era el deber ser, no solicitaron la renovación. Y fue un acto de soberbia de tal magnitud que ellos agarran y empiezan a salir por internet, mejor dicho por satélite, por RCTV Internacional y no solicitaron el permiso hasta que Chávez los amenaza. Cuando lo solicitan ante Conatel, por supuesto que Chávez se lo niega
El comunicador social toma como fuente un artículo del portal Maduradas, según el cual Marcel Granier dijo que en el año 2007 no vencía la concesión, porque la Ley de Telecomunicaciones (LOTEL) del año 2000 contemplaba que, a partir de ese momento, todo se regiría por el nuevo texto legal y no por el Decreto Nº 1577, del año 1987. Por lo tanto, se iba a discutir si la concesión se extendía hasta el 2022 o hasta el 2027. La información, además, fue replicada por Venezuela News.
RCTV operaba como una estación de televisión abierta con cobertura nacional en Venezuela desde el año 1953, en que le fue entregada una concesión. El Estado venezolano renovó la concesión, con base en el Decreto N° 1.577 del 27 de mayo de 1987 contentivo del Reglamento sobre Concesiones para Televisoras y Radiodifusoras, para operar como estación de televisión abierta y utilizar el espectro radioeléctrico correspondiente por 20 años; es decir, hasta el 27 de mayo de 2007. Como bien mencionó Sainz, el 12 de junio de 2000, el Estado adoptó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) y, a su vez, creó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
"Había mucha incertidumbre sobre las concesiones porque la legislación previa a la LOTEL era poco sistemática y llena de regulaciones contradictorias. El Decreto 1.577 establecía un derecho de preferencia para "extender" las concesiones al expirar el plazo inicial de 20 años que se vencía en 2007. En ese sentido, la LOTEL de 2000 señalaba que se respetaban los derechos concedidos al amparo de la legislación anterior. Sobre esa base, hubo quienes creían que los canales de TV y radio tenían un derecho garantizado a la "extensión" de sus concesiones, sin estar sujetos a la necesidad de solicitar la renovación. Pero si bien esa discusión era pertinente, todos los canales de TV que tenían sus concesiones al amparo del Decreto 1.577 solicitaron la renovación de sus concesiones", explicó para EsPaja.com José Valentín González, quien fue apoderado judicial de RCTV.
Según el expediente Nº 2007-0411 de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 5 junio de 2002, RCTV solicitó formalmente que su título de concesión fuera transformado al nuevo régimen jurídico de la LOTEL, siguiendo el cronograma establecido por CONATEL. Sin embargo, su solicitud de transformación dentro del plazo de dos años, indicado en el artículo 210 de la LOTEL, no fue considerada ese mismo año.
El 24 de enero de 2007, los representantes de RCTV se dirigieron a CONATEL, solicitando que dicho órgano emitiera nuevos títulos de concesión. El abogado González detalló que se le pidió a las autoridades que se pronunciaran sobre ese alegado derecho a la "extensión" de su concesión por 20 años sin pasar por la solicitud de renovación. No obstante, también señaló que si las autoridades consideraban que no procedía esa "extensión", entonces que se tramitara la solicitud de renovación.
El Ministro Jesse Chacón Escamillo, a cargo del Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (MPPTI) y CONATEL emitió la Comunicación Nº 0424 del 28 de marzo de 2007, mediante la cual anunció la decisión de no renovar la concesión a RCTV.
Documento compartido por el abogado José Valentín González en su cuenta de X (Twitter)
El entonces ministro de Telecomunicaciones dice en el documento que RCTV sí solicitó la renovación de la concesión el 24 de enero de 2007, pero la solicitud fue rechazada porque "ello no puede constituir sino una facultad potestativa y no una obligación para el Estado, por cuanto éste como titular del bien siempre podrá reservarse para sí el uso y explotación directo del mismo, como resulta ser en el caso que nos ocupa".
"RCTV cumplió con su obligación de pedir la renovación. Si no lo hubiera hecho, las autoridades lo habrían dicho. Habría sido la excusa perfecta. Recibieron la solicitud de renovación sin hacer objeciones a que faltara algún elemento, pero decidieron negarla porque alegaron que era una decisión discrecional. Las autoridades tenían una decisión y la ejecutaron en perjuicio de RCTV, pero jamás le imputaron negligencia o impericia", dijo el abogado para EsPaja.com.
Además, ese mismo día, el MPPTI emitió la Resolución Nº 002 de 28 de marzo de 2007, mediante la cual extinguió el procedimiento administrativo correspondiente.
Documento compartido por el abogado José Valentín González en su cuenta de X (Twitter)}
Poco después, el 25 de mayo de 2007, la Sala Constitucional del TSJ, a través de la Decisión Nº 957, ordenó dos medidas cautelares, mediante las cuales le asignó a Conatel el derecho de uso de los bienes propiedad de RCTV, con la finalidad de que la Fundación Televisora Venezolana Social (en adelante “TVes”) contara con la infraestructura necesaria para la transmisión a nivel nacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos —que emitió su veredicto sobre el caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela en 2015—, determinó que la decisión de no renovar la licencia de RCTV fue tomada con anterioridad al vencimiento de la concesión. A raíz de los sucesos del 11 de abril de 2002, el gobierno de Hugo Chávez señaló a RCTV como un canal de televisión que simpatizaba con el golpe de estado, el terrorismo y la desestabilización del gobierno venezolano. Previo al vencimiento de la licencia de RCTV, en 2006, Chávez declaró que la concesión de RCTV no sería renovada.
Declaración hecha el 28 de diciembre de 2006 desde el Patio de Honor de la Academia Militar
Igualmente, la CDIH registró que, a partir de febrero de 2007, empezó una campaña oficial para explicar la razón para no renovar la concesión a RCTV, a través de notas en los periódicos, pasacalles, pinturas en los muros y afiches en las instalaciones de las oficinas públicas.
Asimismo, añadió que la decisión para no renovar la licencia surgió directamente de la Rama Ejecutiva (el Presidente). Por estas razones, la Corte concluyó que la verdadera finalidad de la decisión del gobierno venezolano no era "proteger la pluralidad en los medios de comunicación", sino callar su línea editorial crítica.
No es cierto que RCTV no solicitó la renovación de la concesión para su señal de emisión abierta. En documentos oficiales queda demostrado que se hizo la solicitud, pero el gobierno la negó alegando que se trataba de una decisión discrecional. Aunque el Estado no está en la obligación de renovar las concesiones de radiodifusión, declaraciones de oficiales del gobierno venezolano y del fallecido presidente Hugo Chávez demuestran que la decisión de no renovar la licencia de RCTV fue tomada con anterioridad a su vencimiento.
