Los chats colectivos de WhatsApp y grupos de Facebook tienen administradores: son usuarios que cumplen funciones como permitir el ingreso de miembros (o eliminarlos) y eventualmente moderar mensajes. ¿Esos administradores tienen responsabilidad penal por los contenidos que esos miembros publiquen? En Venezuela no (en el papel), pero te explicamos el caso.
En WhatsApp circula un documento con una orden de aprehensión contra un reportero gráfico del estado Sucre (Pedro Lucas Rodríguez) por "promoción o incitación al odio". Este documento fechado el 30 de julio de 2024 es verdadero.
El Observatorio de Fake News (01/08/2024) y el Colegio Nacional de Periodistas (Caracas) (31/07/2024) confirmaron la información de la orden de aprehensión contra el fotoperiodista Pedro Lucas Rodríguez, pero ninguna de esas fuentes ha comunicado hasta la fecha que este último haya sido detenido por su responsabilidad como "administrador". Debemos esperar para conocer más sobre el caso.
El Observatorio de Fake News profundiza:
#NoEsFake. Hay una orden de aprensión contra Pedro Lucas Rodríguez Carreño, reportero gráfico de Cumaná, por publicar información relacionada con las protestas de la oposición en su cuenta de #Facebook. @CNPCaracas y periodistas en #Sucre confirman que a Rodríguez lo acusan de incitación al odio.
"Es paja. Los administradores de grupos no son responsables ante Conatel ni ante tribunales en Venezuela sobre las conversaciones que se den en los grupos. Esto parece una pieza para crear miedo", indicó a EsPaja.com Luis Carlos Díaz, periodista experto en temas de comunicación y redes.
¿Tienes razón pero vas preso?
Pero... ¿puede ocurrir? No es descartable. Las autoridades pueden cometer arbitrariedades en un contexto como el de Venezuela.
"Estoy alarmado por los informes sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, además de por la violencia de individuos armados que apoyan al Gobierno, conocidos como colectivos. (...) Las personas responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas. Venezuela está en un momento crítico. Insto a las autoridades a respetar los derechos de todos los venezolanos a reunirse y protestar pacíficamente y a expresar sus opiniones libremente y sin miedo", indicó el martes 30 de julio el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a propósito de denuncias de violaciones de DDHH durante las protestas por los resultados que anunció el CNE.
"En 2017, se aprobó la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia por la Asamblea Nacional Constituyente; ente no facultado para sancionar leyes. Esta ley contempla hasta 20 años de prisión, bloqueos de portales, cierre de radios y televisoras por expresar opiniones o difundir información. En la realidad venezolana, entre 2017 y 2020, esta ley fue invocada en 45 casos, dentro de los cuales se incluyó la estigmatización, detenciones arbitrarias y hostigamiento judicial hacia las personas por expresar su opinión crítica o difundir información de interés público", advierte el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
¿El caso de Pedro Lucas Rodríguez es como el refrán que dice "tienes razón, pero vas preso"? Hasta el momento carecemos de información que permita corroborarlo. Pero la legislación venezolana no contempla que los administradores de chats y grupos sean responsables de los mensajes de otros individuos emitidos en ellos.
