De acuerdo con un comunicado emitido por la Cancillería de Venezuela y publicado por la Agencia Venezuela News, la Corte Penal Internacional (CPI) supuestamente admitió que en Venezuela "no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional". 

"La referida decisión reconoce que el informe de la Sección de Reparación y Participación de las Victimas de la Corte Penal Internacional solo recoge las opiniones de “víctimas potenciales”, determinando así expresamente que, hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal por la Corte Penal Internacional", dice el documento.

Además, la Cancillería señala que las denominadas “víctimas potenciales” y especialmente algunas de las organizaciones que las representan pueden estar siendo instrumentalizadas para convertir a la CPI en un arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela.

El comunicado fue publicado por otros medios afectos al gobierno de Maduro, entre ellos El Universal y Últimas noticias.  Ambos portales resaltaron la supuesta "celebración" por parte de Venezuela de la decisión tomada por la CPI, cuando en realidad, el gobierno del país suramericano no tendría nada que celebrar en virtud de que el proceso continúa su curso en esa instancia internacional.

La CPI no negó la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El oficialismo está manipulando términos que son estrictamente procesales y técnicos para darle una connotación que no es la correcta.

"Para la CPI son víctimas, formalmente hablando, aquellas que se encuentran en un caso concreto. Es decir, donde se dice, con nombre y apellido. aquí está este presunto perpetrador y aquí están estas presuntas víctimas de este perpetrador. Justamente no nos encontramos ahí porque con sus tácticas dilatorias, el gobierno ha suspendido la investigación y nos encontramos en esta situación de que la sala tenga que decir si continúa o no", explicó Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia. 

En febrero de 2018, la CPI abrió una investigación preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades de Venezuela desde al menos abril de 2017. Tras una visita de tres días al país, el 3 de noviembre de 2021, el fiscal Karim Khan anunció públicamente frente al gobernante Nicolás Maduro que abriría una investigación contra el Estado venezolano por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad.

En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación sobre Venezuela, tras una apelación del Estado venezolano. Khan concluyó que, luego de hacer una "evaluación objetiva e independiente" de información suministrada por Venezuela y otras fuentes, el aplazamiento que pidió la administración de Nicolás Maduro sobre estas pesquisas no se justifica y, por ende, se debe reanudar la investigación.

La Sala emitió una orden en la que invitaba a las víctimas y sus representantes a presentar sus opiniones y observaciones sobre la solicitud de la Fiscalía hasta el 7 de marzo de 2023.  Al menos 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones expresaron mayoritariamente su pedido de que Karim Khan, fiscal de la CPI, reanude e incluso amplíe la investigación por crímenes de lesa humanidad contenidos en la Situación "Venezuela I".

A finales de abril, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil Pinto, pidió a la Sala que le concediera al Estado hasta el próximo 30 de mayo para ripostar a los venezolanos que enviaron al juzgado internacional información sobre sus casos. 

Pero el lunes 8 de mayo la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI rechazó otorgarle al gobierno de Nicolás Maduro tiempo para responder al informe, ya que implica acceder a información confidencial de quienes denunciaron.

El gobierno solicitó la respuesta bajo el alegato de que introdujo "nuevas cuestiones" que podrían no haber previsto, pero la CPI desestimó la petición porque no había argumentación suficiente para sustentarla y porque además no está contemplado en el procedimiento que el gobierno respondiese a este informe de las víctimas.

De este modo, no solo se protege la identidad de las potenciales víctimas, sino que también se evita que el oficialismo dilate (aún más) la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.