El cantante venezolano Omar Enrique afirmó en un video publicado en su cuenta de Instagram (omarenriquemusic) el 2 de enero de 2023 que "casi no hay delincuencia en Venezuela", ya que, según el artista, se redujo un 90% en 2022.
"Se redujo la delincuencia un 90%. O sea, casi no hay delincuencia en Venezuela. No dicho por mí. Busquen Bloomberg y todas las agencias de noticias para que vean que lo que yo estoy diciendo es verdad"
A pesar de la percepción del cantante, Venezuela se mantiene entre los tres países más violentos de la región de América Latina en el año 2022, con una tasa de 40 víctimas por cien mil habitantes.
"Para una población total del país estimada en 26 millones 550 mil habitantes, encontramos que la tasa de muertes violentas (homicidio, muertes por intervención policial y muertes en averiguación) es de 35,3 en el año 2022 y fue de 34,9 en el año 2021. Y si incluimos las desapariciones, la tasa es de 40,4 para el año 2022 y fue de 40,9 para el año 2021", señala el Informe Anual de Violencia 2022, elaborado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
La ONG registró 10.737 víctimas fatales en el año 2022. El promedio fue de 26 muertes violentas por día, 180 cada semana y 781 por cada mes. De ese total, 2.328 corresponden a víctimas de homicidios cometidos por ciudadanos comunes,1.240 son muertes como resultado de intervenciones policiales —calificadas por las autoridades como "resistencia a la autoridad"—, 5.799 son muertes que se encuentran en averiguación por los organismos de investigación criminal y 1.370 son casos de denuncias por desapariciones, en las cuales hay una sospecha importante de muerte.
En 2021, hubo 11.081 muertes violentas, correspondientes a los homicidios, muertes por intervención policial (resistencia a la autoridad), muertes en averiguación y desapariciones. Es decir, entre 2021 y 2022 la violencia disminuyó apenas un 3%.
Fuente: Observatorio Venezolano de Violencia
La OVV destaca un cambio en los patrones de violencia y delito, producto de la dolarización del comercio y el trabajo, las actividades de minería extractiva, el lavado de dinero y la droga, así como las remesas familiares. En 2022 se observó un incremento generalizado de las actividades de extorsión sobre aquellos actores económicos o individuos que tenían acceso a dólares u otras monedas extranjeras.
"Llama la atención que para 2022 la violencia se concentra nuevamente en la zona centro norte costera del país, el Distrito Capital y los estados Miranda, Aragua y Carabobo, donde se ha dado la mayor actividad de 'recuperación' económica del país, y donde ha existido una mayor aparición del nuevo comercio de importación y venta de bienes y servicios de lujo", menciona el documento.
Fuente: Observatorio Venezolano de Violencia
Ante la imposibilidad de bancarizar el efectivo en dólares, las ganancias obtenidas de las ventas de los comercios o los salarios recibidos por los individuos se convierten en una oportunidad para el delito de delincuentes aislados o de pequeñas bandas. También la mayor presencia de dólares en los bolsillos de los empleados o trabajadores por cuenta propia derivó en el resurgimiento de los asaltos en el transporte público, en los autobuses de líneas intra o interurbanas.
De igual modo, los secuestros se incrementaron por la posibilidad de cobrar el rescate en moneda extranjera a los familiares de las víctimas. Los casos denunciados en los tres primeros trimestres del año 2022 superaron el total de secuestros registrado en el año 2021.
La ONG detectó también un incremento de los robos y extorsión de los productores rurales y de los transportistas de bienes alimenticios en estados de producción agropecuaria (Portuguesa, Guárico, Barinas y Yaracuy). "Es un sector que vive entre dos amenazas continuas, por un lado, la de las distintas formas de crimen organizado (bandas o guerrillas) que pueden actuar en esa zona; y por el otro, la de los propios funcionarios policiales o militares locales, quienes unas veces los protegen y otras los extorsionan", dice el informe.
Igualmente, los grupos irregulares roban o extorsionan a las personas para permitirles su tránsito en los diversos pasos fronterizos del país. Y en algunos casos, los obligan a participar de manera forzosa en actividades delictivas como el traslado de drogas, la prostitución o su incorporación forzosa en los grupos guerrilleros o paramilitares.
