En países latinoamericanos como Argentina, Chile, Ecuador o Perú, la vacunación contra COVID-19 —alejada de los reflectores públicos— de funcionarios políticos y otros ciudadanos que no pertenecen a los sectores considerados prioritarios ha desembocado en escándalos e investigaciones.

En Venezuela, considerado el país más autoritario y corrupto de la región hacia 2021 (según The Economist y Transparencia Internacional), la vacunación de políticos antes de que estuviera inmunizado todo el personal de salud de primera línea frente a la pandemia —sin hablar de maestros o segmentos de altísima vulnerabilidad, como los adultos mayores o pacientes con ciertas morbilidades previas— fue normalizada a plena luz y sin mayor pudor por el gobernante Nicolás Maduro.

¿El gobierno de Maduro ha vacunado a políticos contra COVID-19 antes que a otros sectores prioritarios?

Es verdad. El mandatario venezolano lo anunció abiertamente en sendas alocuciones televisivas el 9 y el 17 de febrero de 2021: "Los diputados y diputadas van a ser vacunados en esta primera etapa". Alfonso Campos, Anyelith Tamayo y Rubén Limas, tres diputados de la asamblea legislativa apoyada por Maduro —elegida de manera fraudulenta en diciembre de 2020, según Estados Unidos y los países integrantes de la Unión Europea—, por ejemplo, anunciaron abiertamente el 22 de febrero que ya habían sido vacunados con la inmunización rusa Sputnik V.

Publicación en el Instagram de la diputada Anyelith Tamayo (22 de febrero de 2021)

Tuit del diputado Alfonso Campos (luego eliminado de su red social)

El caso de Tamayo es particularmente llamativo, pues ella tiene 21 años de edad. 0,22 mujeres de entre 20 y 29 años mueren por causa de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, según un estudio publicado en The Lancet. Esa tasa de mortalidad se eleva a 480,8 (dos mil veces más) en hombres mayores de 80 años.

Si bien la primera persona públicamente vacunada en Venezuela contra COVID-19 en 2021 fue una médico (Glendy Rivero en Los Teques, el 18 de febrero), para el 22 de febrero de 2021, el personal sanitario de 46 de los 62 centros de salud denominados "centinelas" —destinados a atención prioritaria de la pandemia, según la jerga del gobierno de Maduro— ubicados en Oriente, Centro y Occidente del país no había recibido vacunas. Es decir, 74%. La información la aportó el dirigente sindical Mauro Zambrano.

De un lote inicial de 100.000 vacunas rusas que aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía el sábado 13 de febrero, solo se distribuyeron a personal de los hospitales 70.989, según el portal Crónica Uno.

¿Los políticos son sector priorizado?

No, según la Organización Panamericana de la Salud. Aunque sean servidores públicos y conduzcan los destinos de un país, durante una pandemia pueden cumplir mucho de su trabajo a distancia, sin contacto con pacientes, a diferencia de un médico o enfermero en primera línea contra la pandemia. 

“Deben ser inmunizados quienes tienen más vulnerabilidad de morir por la COVID-19, adultos mayores y adultos con enfermedades crónicas. Los grupos prioritarios deben ser primero el personal de salud porque están más expuestos (...), incluidos profesionales que estén en contacto con adultos mayores, en áreas sociales claves y que no pueden dejar de trabajar”, declaró Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, al ser consultado sobre los planes de Venezuela de vacunar a políticos antes de que la totalidad de dosis rusas disponibles se agotara entre los más vulnerables (18 de febrero de 2021).

"Es una medida deplorable, profundamente injusta y sin ningún respeto a los criterios para personas más vulnerables y de mayor riesgo”, criticó José Félix Oletta, ministro de Salud de Venezuela entre 1997 y 1999, sobre la vacunación prioritaria de políticos (Efecto Cocuyo, 24 de febrero de 2021). 

¿Cómo lo justificó Maduro?

El gobierno de Vladimir Putin en Rusia fue el primero del mundo que patentó una vacuna contra COVID-19: la producida por el Instituto Gamaleya de ese país, el 11 de agosto de 2020. Poco tardó Maduro —aliado geopolítico de Putin en Latinoamérica— en montarse en un compartimiento del "cohete espacial" Sputnik V: ya el 30 de agosto, indicó que Venezuela participaría en las pruebas de la inmunización rusa.

Ya el 9 de septiembre de 2020, el sucesor político de Hugo Chávez (fallecido en 2013) declaró que los políticos tendrían prioridad, según su diseño personal de un esquema de vacunación: "Yo le voy a proponer a la vicepresidenta (...) que hable con el Consejo Nacional Electoral para ver si es posible ponerle la vacuna rusa a todos los candidatos y candidatas” de las elecciones parlamentarias que organizaría su gobierno el 6 de diciembre de 2020, no reconocidas por la mayoría de la legislatura votada en 2015.

Poco antes del cañonazo de año nuevo 2021, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez anunció que ya se había firmado el convenio para adquirir las vacunas rusas, y asomó la cifra de 10 millones de dosis, sin mayores detalles. El 17 de febrero siguiente, nuevamente de manera escueta, Maduro deslizó a la prensa internacional que su gobierno había pagado 200 millones de dólares por las Sputnik. La ONG Transparencia Venezuela exhortó a las autoridades que pongan fin a la opacidad que ha envuelto a la adquisición de vacunas.

¿Brigadistas o militantes políticos?

"Cuando lleguen (...) las 100.000 vacunas Sputnik, vamos a vacunar a todo el personal médico, a todo el personal sanitario de Venezuela, a los sectores más vulnerables, después vamos a la vacunación de los maestros (...) y el movimiento Somos Venezuela en pleno", dijo Maduro a las cámaras de TV el 9 de febrero de 2021. Aunque el gobernante se ha referido a los integrantes de Somos Venezuela como "brigadistas"  que cumplen una labor social casa por casa con las presuntas "víctimas" de las sanciones extranjeras, se trata de un partido político que, en las elecciones presidenciales de mayo de 2018 (tampoco reconocidas por casi 50 países), obtuvo 369.291 votos dentro de la coalición oficialista.

El 17 de febrero de 2021, ante la prensa internacional, Maduro retocó ligeramente el esquema de vacunación anunciado una semana antes. Los educadores desaparecieron de la órbita Sputnik y entraron en gravitación los cuerpos de seguridad, que en su conjunto han sido acusados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de graves violaciones de derechos humanos.

"Vamos a empezar a vacunar en esta primera etapa a todo el personal médico (...), a las 14.000 brigadas de visita casa por casa (se refería a Somos Venezuela, aunque sin mencionar el nombre del partido), a todo el personal de trabajo social (...), al personal de seguridad que anda en las calles protegiendo a la gente, tanto militar como policial, y también autoridades que andan en las calles", en referencia a los políticos.

Para justificarlo, Maduro mencionó las muertes asociadas a COVID-19 del alcalde de Boconó (Trujillo), Luis Hidalgo, del jefe de gobierno del distrito capital, Darío Vivas, y del diputado nacional por el estado Zulia Jean Carlos Martínez, entre otros.