El Centro de Comunicación Nacional, institución oficial de información del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, publicó en su página web que la Corte Penal Internacional (CPI) seguirá investigando los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela, a pesar de la solicitud de aplazamiento del gobierno de Nicolás Maduro. 

Pero el titular de la noticia es engañoso, pues la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal internacional es la que determina si la investigación continúa o no, un proceso que podría tardar como dos o tres meses, según explicó Mariano De Alba, abogado experto en derecho internacional, a EsPaja.com. 

El artículo 18 del Estatuto de Roma establece que el fiscal del tribunal internacional puede solicitar autorización para continuar la investigación si considera que el Estado no ha probado que tiene voluntad o capacidad para llevar justicia a las víctimas. 

"El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente", establece el numeral 7 del artículo 18. 

El fiscal Karim Khan argumentó en un comunicado que el Estado venezolano no aportó información nueva sobre los casos investigados y, en su lugar, se refiere a informes presentados en 2020 que ya fueron considerados para determinar, durante el Examen Preliminar, que hay motivos razonables para creer que se cometieron crímenes internacionales, según reportó Efecto Cocuyo. 

En la respuesta de Venezuela, firmada por el canciller Félix Plasencia, se pide a la Fiscalía de la CPI “que se inhiba formalmente de la investigación a favor de las actuaciones realizadas por las autoridades nacionales competentes de Venezuela”. La administración de Nicolás Maduro tenía hasta el 16 de abril para presentar la documentación que probara que los procedimientos internos estaban avanzando para investigar y castigar las graves violaciones a los derechos humanos en el país. 

De acuerdo con el diario TalCual, Plasencia justificó que, según los anexos entregados por el tribunal internacional, los 124 casos han sido o están siendo investigados por el Ministerio Público. En particular, resaltó que 116 se encuentran en fase preparatoria, cinco en fase de juicio y solo tres han tenido sentencia condenatoria.

Además, todas las investigaciones nacionales, al menos desde 2014, se han orientado sobre efectivos rasos de cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, entre otros. Sin embargo, no mencionan mandos medios o la cadena de mando, algo que exige la CPI.

Frente a ello, el fiscal Khan señaló que “dado que no parece haberse presentado nueva información que justifique revisar su determinación previa, la evaluación previa de complementariedad de la Fiscalía no se ve afectada por la Solicitud de aplazamiento. En consecuencia y a la mayor brevedad, la Fiscalía solicitará a la Sala autorizar la reanudación de su investigación”.

El fiscal de la CPI también solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares que invite a las víctimas o a sus representantes legales, así como otros participantes interesados, para que formulen sus observaciones. Igualmente, el Estado venezolano también puede participar en esta incidencia y pedirle a la Sala que no autorice la continuación de la investigación. 

“Habrá que ver si en la tramitación de la incidencia las autoridades de Venezuela aportan mayor documentación que convenza a la Sala de Cuestiones Preliminares que se difiera la investigación. Pero en estas circunstancias, es más probable que la Sala autorice la continuación”, señaló de Alba en sus redes sociales.

El abogado también mencionó que, en caso de que la investigación avance, siempre está latente la posibilidad que autoridades de Venezuela decidan dejar de cooperar con la Fiscalía. De todos modos, el memorando de cooperación técnica que mantiene la administración Maduro con la Fiscalía de la CPI continuará su curso. Igualmente, el Estado venezolano se comprometió a instalar una oficina de la CPI en Caracas con el fin de cooperar con el fiscal, en el marco de un memorándum de entendimiento.