Por WhatsApp circula un video en el que Eduardo Pachas, abogado del expresidente peruano Pedro Castillo, afirma que tanto la Organización de Naciones Unidas (ONU) como la Organización de Estados Americanos (OEA) fallaron a favor de Castillo y recomendaron que sea restituido como presidente del Perú.

De acuerdo con Pachas, ambos organismos determinaron que a Pedro Castillo se le vulneró su derecho a un antejuicio político, un procedimiento político-jurídico a través de cual se levanta la inmunidad a los altos funcionarios por la presunta comisión de delitos de función. Entonces, como no se respetó el debido proceso, Dina Boluarte, actual presidenta del Perú, no debía asumir el cargo. "La ONU lo ha publicado y a más tardar el domingo o el lunes se va a publicar el informe jurídico de la OEA", aseguró el abogado. 

Juan Pablo Casapia Boero, oficial nacional de información de la ONU en Perú, dijo para EsPaja.com que "ningún representante de las Naciones Unidas se ha pronunciado en relación con el supuesto de una restitución o liberación del expresidente de la República del Perú, Pedro Castillo Terrones. Tampoco hay ninguna recomendación de un mecanismo de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas sobre dicho asunto".

Además, EsPaja.com consultó los portales de medios internacionales, ya que una noticia así no habría pasado desapercibida, y no halló información sobre el supuesto fallo por parte de la ONU y la OEA. 

Luego de intentar disolver el Parlamento, instalar un gobierno de emergencia e intervenir el sistema judicial, Castillo fue condenado a 18 meses de prisión preventiva por los delitos de rebelión y conspiración. Desde el 7 de diciembre de 2022 está recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, a las afueras de Lima, una cárcel especial construida para albergar expresidentes encarcelados y en la que los únicos presos son él y Alberto Fujimori.

La supuesta vulneración de su derecho al antejuicio es, junto a la aparente falta de un alzamiento armado, el principal argumento de la defensa de Castillo para pedir al Poder Judicial que anule la orden de prisión preventiva y el proceso por rebelión en su contra, mediante medio centenar de apelaciones, amparos y otros recursos que, hasta la fecha, no han prosperado.