"Militarización total del Palacio de Miraflores: el dictador Nicolás sigue con el temor de que en cualquier momento se pueda dar una intervención militar en el país de Venezuela, específicamente al Palacio de Miraflores": la presunta "noticia" se escucha en una serie de videos que llegaron a grupos de WhatsApp y que los usuarios de EsPaja.com nos pidieron verificar el miércoles 7 de junio de 2023.

En este batiburrillo de videos, la presunta "militarización" de Miraflores se vincula a acontecimientos como una presunta decisión inminente de la CPI de La Haya: "El fiscal de la Corte Penal Internacional en este preciso momento alista argumentos para llevar a Maduro a la cárcel", afirma la voz no identificada. Además se habla —incluso— de que el Comando Sur de EEUU prepara un tipo de intervención militar en Venezuela en 2023.

Estos videos tienen un origen común: son partes editadas y separadas de un "chorizo" de 9 minutos de duración divulgado originalmente el 24 de mayo de 2023 en una cuenta de TikTok (@j.angelr.p). A su vez, este video de TikTok toma imágenes de un canal de YouTube llamado Montalvo Noticias.

Ambas cuentas generalmente publican informaciones sobre actualidad latinoamericana o global. Pero una parte de estas no son verificadas, o se presentan de manera descontextualizada o sensacionalista. Por ejemplo, la presunta presencia de grafeno en las vacunas contra la Covid-19 (verificación de EsPaja.com), la supuesta relación entre la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y un plan de Bill Gates contra la economía global o un regreso a Venezuela del expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó (actualmente en el exilio), respaldado por "ayuda militar".

Material audiovisual de TikTok del que se extraen algunos de los videos editados y divulgados en WhatsApp en junio de 2023. La cuenta @j.angelr.p no está vinculada a un medio de comunicación identificable o que responda por sus publicaciones

Con respecto al punto específico de "militarización" de Miraflores, sería complicado determinar si es un hecho específico de 2023 o que se esté "incrementando" en esa fecha. Se trata de una información engañosa y sin contexto temporal. La militarización de Miraflores o la restricción del paso por sus inmediaciones han sido medidas habituales de seguridad no solo en los gobiernos de Nicolás Maduro (desde 2023 hasta el presente), sino de Hugo Chávez (1999-2013).

Es habitual la presencia de militares en el palacio presidencial de Venezuela, no solo desde la gestión de Hugo Chávez, sino desde los gobiernos democráticos de la llamada Cuarta Repúbilca. La guardia presidencial tiene su destacamento en el Palacio Blanco, al frente de Miraflores.

Desde el 11 de abril de 2002, luego que una marcha multitudinaria de la oposición se dirigió hacia Miraflores justo antes del intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, se incrementaron la presencia militar y las medidas de seguridad en el Palacio y sus alrededores.

El cierre del tramo de la avenida Urdaneta de Caracas que pasa frente a Miraflores y conecta con la avenida Sucre es total y permanente desde finales de abril de 2019, cuando ocurrió una sublevación militar fallida encabezada por Guaidó y el también dirigente opositor Leopoldo López (Efecto Cocuyo).

Una nota de La Patilla documenta un cierre similar en 2017, otro año de constantes manifestaciones políticas y de represión gubernamental.

Una nota de El Carabobeño también muestra militares apostados con armas largas en otras calles del centro histórico de Caracas en coincidencia con una marcha convocada por Guaidó el 9 de marzo de 2020. Detectar un cambio particular de este tipo de medidas de seguridad en 2023 luce como una proeza: se han normalizado en la Venezuela contemporánea.

Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se habían producido anuncios de militarización, ni reportes de ciudadanos que dieran fe de que las adyacencias del Palacio estaban más militarizadas que de costumbre.

¿El fiscal de la CPI de la Haya "alista argumentos para llevar a Maduro a la cárcel"?

En los videos recibidos por EsPaja.com se oyen afirmaciones como estas: 

• "El fiscal de la Corte Penal Internacional en este preciso momento alista argumentos para llevar a Maduro a la cárcel, como lo acaban de escuchar, mi gente, las cosas se complican en Venezuela"
• "Le entregaron las pruebas a la Corte Penal Internacional y en cualquier momento van a llamar a Nicolás a interrogatorio, gente querida, las cosas se van a salir de control"
• "El fiscal de la Corte Internacional Penal aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias, porque la Corte Penal Internacional quiere justicia y no descansaremos hasta que haya justicia, esto fue lo que dice"
• "Nicolás, se te está acabando el tiempo, en este momento la Corte Penal Internacional se alista para llamarlo a interrogatorio, así como ustedes lo están escuchando (...) se vienen tiempos difíciles para el dictador"

La narración del video mezcla hechos ciertos con suposiciones que no pueden comprobarse. E incluso otras afirmaciones que son totalmente falsas. Por lo que se trata de una manipulación.

No es cierto, por ejemplo, que el actual fiscal acusador principal de la CPI (Karim Khan) haya asegurado textualmente que "llegará hasta las últimas consecuencias" en el caso de Venezuela. No hay registro de una declaración similar de Khan en noticia alguna publicada en Internet.

La intención de “impartir justicia hasta las últimas consecuencias" corresponde a una respuesta oficial del gobierno de Maduro cuando Khan anunció la apertura de una inédita investigación al país latinoamericano —la primera para un país de la región en la CPI desde la aprobación del Estatuto de Roma en 1998— en noviembre de 2021, como registra la agencia AP News.

Ni Karim Khan ni ningún otro integrante de la CPI (por ejemplo un juez) tampoco han declarado públicamente la frase: "No descansaremos hasta que haya justicia". La afirmación en realidad fue de Andreína Baduel, hija del general Raúl Baduel, un preso político que murió bajo custodia del gobierno de Maduro (Radio Francia Internacional, noviembre de 2021).

Es cierto, como ya hemos indicado antes, que el gobierno de Venezuela tiene abierta una investigación en la CPI desde 2021. Sin embargo, no hay evidencia alguna hasta junio de 2023 de que esta investigación vaya a derivar en la apertura formal de un juicio contra Nicolás Maduro o alguno de sus subalternos.

Tampoco existen pruebas públicas de que el fiscal Karim Khan el fiscal de la Corte Penal Internacional "alista argumentos para llevar a Maduro a la cárcel".

"Luego de iniciada la investigación (en la CPI), en cualquier momento, la Fiscalía puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares (de la CPI) que dicte órdenes de detención u órdenes de comparecencia. Una orden de comparecencia es dictada cuando hay indicios de que será suficiente para que la persona imputada de haber cometido un crimen se presente voluntariamente ante la Corte. Una orden de detención es emitida cuando es necesario asegurar la aparición del imputado en el juicio", indicó el especialista en justicia internacional Mariano de Alba en un texto explicatorio de Prodavinci. 

En la teoría, el escenario de una orden de comparecencia o de detención contra Maduro no es imposible. Antes, obviamente, debe ser aprobada por los magistrados que integran la Sala de Cuestiones Preliminares. La decisión final no depende de Karim Khan.

En la práctica, que una medida como tal se concrete requiere de un proceso jurídico complejo y que carece de una duración determinada. En 2023, la CPI emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin, presidente de Rusia, por un presunto crimen de lesa humanidad durante la invasión de Ucrania. Sin embargo, Rusia ni siquiera es un país suscriptor del Estatuto de Roma. La CPI dependería de la colaboración de un Estado parte por cuyo territorio se desplace Putin.

En el caso de un mandatario de un Estado Parte, la CPI requiere la colaboración de ese mismo Estado parte para la ejecución de la orden de comparecencia o detención. Además, para el inicio de un juicio, el acusado por la CPI debe estar de cuerpo presente. En La Haya no se celebran juicios en ausencia.

Es cierto que, hasta abril de 2023, casi 9.000 personas afectadas de manera directa o indirecta por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela tuvieron la oportunidad de elevar su testimonio y pruebas ante la CPI por vías no presenciales (fuente: ONG Transparencia Venezuela). Sin embargo, se trata de una fase más de una investigación abierta y de duración incierta. La mera presentación de testimonios de víctimas no constituye un indicio de una inminente decisión sobre Venezuela en la CPI.