A EsPaja.com llegó la solicitud para verificar si Venezuela adeuda 12 millones de euros a la Corte Penal Internacional, lo que le impidió votar en la elección de dos asistentes del fiscal Karim Khan. La información es cierta.

Venezuela quedó impedida de votar en la elección de dos fiscales adjuntos al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) por acumular una deuda de 12.816.996 euros, publicó en su cuenta en Twitter el Programa Venezolano de Educación Acción en derechos Humanos (Provea).

La información de Provea, reseñada por varios medios de comunicación, detalla que por la mora de varios años en el pago de sus cuotas anuales a la CPI, Venezuela quedó sin derecho a voto en la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto de Roma, que se celebró en La Haya del 6 al 11 de diciembre de 2021.

La Asamblea de los Estados Partes es el órgano legislativo y de supervisión de la Corte Penal Internacional y está integrada por representantes de los Estados que han ratificado o se han adherido al Estatuto de Roma, dice la CPI en su sitio web.

"Venezuela se ha quedado con el status 'sin derecho a voto'" hasta tanto pague sus cuotas obligatorias como Estado Parte. Por tanto, no pudo hoy participar en la elección de los dos fiscales adjuntos, por período de 9 años, que trabajarán con el Fiscal Karim Khan", indica Provea en un tuit del hilo que publicó el 10 de diciembre, cuando se dio la elección.

Pero Venezuela no es el único país que incumple el pago de cuotas, también Antigua y Barbuda, Comoras, Congo, Guinea, Liberia, Surinam y Zambia.

De acuerdo con Provea, "Venezuela pudo haber solicitado una exención por 'circunstancias ajenas a la voluntad del Estado Parte' según Artículo 112 par. 8 del Estatuto de Roma. Solo lo hizo República Centro Africana alegando la situación por la pandemia y se le concedió".

Venezuela es investigada por la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, durante las protestas de 2017 en su contra, debido a una crisis institucional.

Tras una visita de tres días al país suramericano, el fiscal jefe Karim Khan anunció la apertura formal de la investigación, la primera a una nación de América Latina.