El 19 de septiembre, el economista José Toro Hardy colgó un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que señala que "Fatou Bensouda se retira como fiscal de la Corte Penal Internacional con una carga en su conciencia. Quienquiera que la reemplace ya no podrá seguir tapándose los ojos".
La información da a entender que el retiro es inminente, pero no es así. De acuerdo con el sitio web de la Corte Penal Internacioinal (CPI), el período de Bensouda vence el 15 de junio de 2021.
Desde junio de 2012, Bensouda ocupa el cargo de fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional, un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.
Consultado por EsPaja.com,Toro Hardy dijo que Bensouda había renunciado y que se quedaría en el cargo hasta junio de 2021. Al advertírsele que ella no había renunciado y que por mandato esa era la fecha de término de su gestión, Toro Hardy indicó que "quizá pueda haber renunciado a postularse nuevamente al cargo".
EsPaja.com hizo una búsqueda en Internet sobre la presunta dimisión de Bensouda como fiscal de la Corte Penal Internacional y no encontró nada al respecto. Un hecho como ese sería reseñado por medios de comunicación de casi todo el mundo.
Lo más cercano a una salida de Bensouda del cargo se difundió –en agosto de 2019– cuando en una cadena falsa se aseguraba que la fiscal había sido destituida por negligencia en sus funciones. El portal Cazadores de fake news desmintió la especie en esa ocasión, pero también lo hizo Tamara Sujú, abogada defensora de Derechos Humanos.
La actuación de Bensouda ha sido fuertemente criticada por la dirigencia de oposición venezolana y por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por la lentitud con la que adelanta la investigación contra el régimen de Nicolás Maduro por violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
En septiembre de 2018, los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigar supuestos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de 2014. Era la primera vez que Estados parte del Estatuto de Roma, la norma internacional que creó la CPI, –y en cabeza de sus jefes– pidieran abrir un procedimiento contra otro estado miembro, señala una publicación de BBC News.
Para la fecha de la solicitud de la investigación, 27 de septiembre de 2018, se presentaban tres informes sobre violaciones a los derechos humanos elaborados por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un año más tarde, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas estableció una Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela “para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
En septiembre de 2020 el equipo investigador de Naciones Unidas encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad.
Tras la presentación del informe, expertos consideran que es un insumo para que la fiscal de la Corte Penal Internacional asuma con responsabilidad la investigación que se abrió a principios de 2018. Consultado por BBC News, Marco Roscini, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Westminster, en Londres, señala que uno de los escenarios es que la CPI proceda a realizar una investigación completa.
"Luego, si los investigadores recogen pruebas de crímenes lo suficientemente graves, de casos donde los crímenes de lesa humanidad son una política de Estado y la tortura se utiliza como herramienta política y no como situación individual, se abre un caso", dijo el académico a BBC News.
El tuit de José Toro Hardy da por hecho que Fatou Bensouda terminará su gestión sin juzgar a Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen por crímenes de lesa humanidad, cuestión que no se puede adelantar pues aún le quedan a Bensouda nueve meses en el cargo, período en el que podría abrirse la investigación.
El tuit de Toro Hardy va precedido de otros mensajes referidos al informe de la ONU, y que medios de comunicación como Miami Diario, omitieron al elaborar la nota y sin hacer el menor esfuerzo de verificar, además, si Bensouda se retiraba de su cargo.
Toro Hardy sostiene que Bensouda se retira de la fiscalía de la Corte Penal Internacional –lo que ocurrirá en junio de 2021– con una carga en su conciencia. Pero aún está por verse. En este tuit hay dos cosas que resultan engañosas: el retiro de Bensouda no es inminente y en los nueve meses que le quedan aún podría abrirse la investigación contra Nicolás Maduro.
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