El martes 19 de mayo de 2020, el servicio de televisión satelital por suscripción Directv finalizó abruptamente sus servicios en Venezuela. Un día después, el "Frente de Comités de Usuarios para la Defensa de los Derechos Comunicacionales del Área Metropolitana de Caracas" (un grupo vinculado a María Alejandra Díaz, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente) introdujo una demanda contra la empresa privada de telecomuicaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia.
En un lapso de tiempo muy corto —como suele ocurrir según el tipo de demandante y el tipo de demanda— la Sala Constitucional del TSJ emitió el viernes 22 de mayo de 2020 una decisión que es verdadera, aunque parezca de ciencia ficción, como ironizó un incrédulo Andrés Azpúrua, usuario de Twitter y director de la ONG VE Sin Filtro, todavía con la noticia en caliente:
De "supuesta" nada
"La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo (...), en consecuencia ordena a la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A (Directv Venezuela) continuar de manera inmediata con la prestación de servicio de televisión por suscripción", se lee en una nota de prensa sobre la decisión 0064-2020 publicada el viernes 22 en el Facebook oficial del TSJ.
La sentencia ordena a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) "tomar posesión inmediata de todos los bienes muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centro de operaciones y transmisiones, antenas y cualquier otro equipo o instalación destinada a la prestación del servicio por suscripción gestionado por dicha empresa, para ello Conatel contará con el auxilio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", así como nombrar a una especie de junta interventora.
Cabe recordar que, como señaló el periodista especializado Arnaldo Espinoza, los equipos que tienen alrededor de 2,3 millones de usuarios en sus casas (alrededor de 45% del mercado de la TV por suscripción en Venezuela), como las antenas y decodificadores, son alquilados por estos últimos, y ahora pasarían a formar parte del Estado tras esta virtual expropiación comunicacional.
Lo que no dice el anuncio del TSJ
Lo que no señala la nota de prensa sobre la decisión 0064-2020 por ninguna parte, es cómo puede ser ejecutada la medida en la práctica, tal como indica Azpúrua. Directv no es una emisora de televisión que emite contenidos propios —con excepción de unos pocos canales—, sino un servicio que difunde paquetes de señales nacionales e internacionales, cada una bajo condiciones y contratos particulares. Al ocupar las oficinas de Directv Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro no puede restituir de manera automática las opciones de entretenimiento, información y educación que ofrecía la empresa privada antes de su cese de operaciones.
"En el mejor de los casos, si resuelven el aspecto operativo, se podrán colocar al aire los canales del Estado, los nacionales y señales como RT (canal de noticias ruso). Así que si están esperando el mismo servicio, les tengo malas noticias", especuló también el periodista Espinoza acerca del desenlace de esta medida judicial.
Hasta este 22 de mayo era imposible acceder a la página del TSJ para ver la sentencia, situación que no es nueva. Transparencia Venezuela denunció el pasado 4 de marzo, la imposibilidad de entrar a la web del máximo organo judicial en Venezuzela desde enero de 2020, lo que viola el artículo 120 de la Ley Orgánica del TSJ que ordena a esta instancia y a sus órganos auxiliares crear y actualilzar sus sistemas electrónicos de información.
